Agregar 5000 policías armados en una ciudad que ya está sitiada por sus propias fuerzas y por otras fuerzas de seguridad nacionales (léase Gendarmería y Prefectura especialmente en el Sur) no necesariamente implica cuidar a la sociedad. La pregunta es a quién o qué protege un ejército de hombres armados, con reducida formación y una discutible capacidad de manejo de armas, en la que el acento (está a la vista) está puesto en el gatillo y no en el seguro.
Pocos días después del homenaje a Chocobar por el Presidente, principios de febrero pasado, la Policía de la Ciudad tuvo su demostración de fuego (literal) cuando, para evitar un robo de algunos miles de pesos (no importa cuántos sean, de todos modos) de una joyería, realizó una persecución en Tribunales y la avenida Corrientes en pleno día, con la calle poblada de personas. Los policías ejercitaron aquello para lo que son entrenados: impedir que roben el objeto de valor (el dinero) cueste lo que cueste. Podría decirse que se trata de la seguridad de los bienes por encima de la seguridad de las personas. De hecho, lograron recuperar el botín, hirieron a uno de los asaltantes, a una jueza y a un auxiliar de un juzgado, que transitaban por el lugar como las miles de personas que había en ese momento en esas cuatro o cinco cuadras. Recuperar el botín podría haber resultado en una masacre. Estamos hablando de la aplicación de la doctrina Chocobar en manos de miles de policías dispuestos a matar y con escasa noción del efecto de sus armas.
Al mismo tiempo, si alguien se pregunta dónde acudir para plantear una preocupación, una denuncia, un planteo sobre cuestiones de seguridad, la comisaría aparece como recurso primario de atención al público. Reducir su cantidad, además de la reducción de costos (de la que se beneficia sólo el Ejecutivo con su aplicación de presupuesto y no el vecindario), señala que la política de seguridad está puesta en el control y la represión, mientras que se toma distancia de los intereses sociales.
En: Página/12
Lo que Quedó en el tintero 