El “Polaquito” Cristian Pérez, de 18 años, atropelló con su auto a dos ciclistas el 13 de octubre de 2002, en City Bell. Los ciclistas fueron atendidos. El Polaquito corrió peor suerte. Uno de los ciclistas era hermano de un policía de la 10ª de esa ciudad. Al Polaquito lo atendieron los policías, y a su cuerpo, que apareció supuestamente suicidado en las vías del Roca, lo atendió la justicia. Para dar una idea, el primer fiscal del caso, Leandro Heredia, que compró la versión policial, fue destituido la semana pasada por un jury por una variedad de causas truchadas. Al segundo fiscal, Tomás Morán, que rechazó las evidencias presentadas por la querella, lo detuvieron este año involucrado en la causa por asociación ilícita contra el juez César Melazo, también detenido y quien, en el caso del Polaquito, había rechazado la prisión del comisario de la 10ª. Hoy, 16 años, cuatro fiscales, un juez después, el caso del Polaquito llega a juicio oral impulsado por la familia, y Sofía Caravelos, Analía Carrillos y Ariel Rodríguez, del CIAJ, con el ánimo de demostrar la responsabilidad de cuatro policías en el crimen y otros tres en distintas maniobras de encubrimiento, con la obligada venia de los operadores judiciales.
El 13 de octubre de 2002, Cristian Pérez atropelló a dos ciclistas, uno de ellos de apellido Pavela. Los dos ciclistas sufrieron heridas y fueron atendidos. Al Polaquito los vecinos lo llevaron, golpeado y con ganas de lincharlo, a la comisaría 10ª de City Bell, donde lo entregaron. La versión policial dice que a las 6 menos diez de esa madrugada, Cristian fue trasladado al Cuerpo Médico y examinado. Allí se labró un acta que deja constancia de que poseía lesiones calificadas como “leves”. Y otra acta de extracción sanguínea, que se realizó de manera conjunta con el examen médico. Luego de ese examen, Cristian fue conducido nuevamente a la dependencia policial. Allí fue interpelado por Juan Alejandro Pavela, el policía que es hermano del atropellado. Siguiendo la misma versión policial, a las 6.20, Cristian se retiró de la 10ª.
Dos horas más tarde, el cuerpo del Polaquito aparecía arrollado en las vías del Roca.
Un testigo de la policía aseguró haber visto pasar a Cristian llorando, lo que alimentó la versión oficial. El fiscal Leandro Heredia aceptó que de la confirmación de la versión policial se encargaran sus propios autores. La declaración del maquinista, que había asegurado que Cristian estaba acostado y no se movió ni reaccionó, podría haber disparado alguna sospecha que los investigadores se encargaron de invisibilizar a la mirada surfística de Heredia. La autopsia fue realizada por la Policía Científica, colegas de la 10ª. Se desaprovecharon cantidades de huellas en el cuerpo, probable ADN entre las uñas de la víctima, Heredia no pidió peritar los patrulleros usados.
La causa pasó de la fiscalía 1 a la 2, a cargo de Tomás Morán, quien sostuvo la hipótesis del suicidio. En 2007, cinco años después, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica se interesó en el caso y comenzó a proponer una batería de acciones para poner en duda todo el andamiaje de la versión policial. Así, se logró demostrar que las firmas de Cristian Pérez estampadas en las actas de extracción y revisación médica, y de retiro de la comisaría 10ª, no resistían el peritaje caligráfico porque eran truchas. La hipótesis con el que empezó a trabajar el equipo del CIAJ fue que el Polaquito nunca había salido de la 10ª por su propia voluntad. El CIAJ sostiene que un grupo policial lo colocó desvanecido a golpes en un patrullero donde lo trasladaron hasta las vías del Roca, donde lo abandonaron completamente indefenso, hasta que la formación lo arrolló.
Además, pidió que se realizaran nuevos informes médicos con peritos judiciales que relevaran la autopsia practicada en su momento sobre el cuerpo de Cristian. La revisión permitió comprobar que el Polaquito estaba vivo antes de ser alcanzado por el tren y que la gravedad de las lesiones que tenía lo dejaron inconsciente.
Solicitaron además los registros satelitales de los móviles policiales, que pusieron en evidencia los recorridos de esos autos. El libro de Guardia de la Comisaría correspondiente a esa fecha fue reconstruido y posteriormente fue hallado “traspapelado” en la Caja Fuerte de la Fiscalía.
Se agregaron los listados de llamadas entrantes y salientes de la 10ª, y se comprobó que nadie había dado aviso del accidente en el que muriera el Polaquito. Lo curioso del caso es que unos minutos después, un patrullero de la 10ª se hizo presente junto a la vía.
En noviembre de 2009 se ordenó la detención de seis policías de la 10ª de City Bell, por el delito de encubrimiento agravado pero luego fueron excarcelados. En 2010 Morán decidió cerrar la investigación y solicitar la elevación de la causa a juicio, involucrando a todos los uniformados por el delito de encubrimiento agravado.
Finalmente, el caso pasó a la fiscal Betina Lacky y posteriormente lo tomó Marcelo Martini, quien avanzó sobre las acusaciones y logró elevar la causa a juicio. Los policías David Koenig, Juan Pavela, Rubén Lago y Juan Condoleo, fueron acusados por homicidio doblemente agravado por alevosía y por cometerse en grupo. Koenig llega libre y como comisario de la 1ª de La Plata. Beatriz Sosa, acusada de encubrimiento, va a juicio abreviado; Miguel Alvarez, Jorge Luna y Pedro Djurasek (comisario de la 10ª), fueron acusados de encubrimiento. Ariel Perich fue sobreseído.
Hoy, 16 años de retraso en la balanza judicial, el caso llega a juicio ante el Tribunal Oral Criminal 2 platense, con los jueces Silvia Hoerr, Liliana Torrisi y Claudio Bernard. La fiscal de juicio es Victoria Huergo.
En: Página/12
Lo que Quedó en el tintero 