Los niños primero (reciben los golpes)


EN 2015 SE DUPLICARON LAS DENUNCIAS CONTRA LA METROPOLITANA POR VIOLENCIA CONTRA CHICOS Y ADOLESCENTES

Por Horacio Cecchi

“(…) me puse a llorar y cuando lloraba y pedía que me digan algo la oficialmurga femenina me dijo que me callara porque si no me iba a pegar un bife, y que yo tenía derecho a bañarme, a peinarme y vestirme bien, y no como una pordiosera mugrienta y puta, como estaba (…).” La que habla es una adolescente menor de 18 años. Relata las condiciones violentas de su detención y la burla que le hace la mujer policía cuando la adolescente le pide que le lea sus derechos. La denuncia aparece registrada como caso 40 en un Informe de la Procuraduría de Violencia

Institucional (Procuvin). El documento investiga, cuantifica y califica las intervenciones sobre los cuerpos y la psiquis de niñas, niños y adolescentes, por parte de las mismas fuerzas de seguridad encargadas del cumplimiento del polémico protocolo de represión a piquetes. El informe, que lleva el título Violencia policial sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, revela que en 2015, de las fuerzas de seguridad denunciadas por adolescentes, la Metropolitana es la única que incrementó los casos de violencia en que participó respecto al año anterior. La Federal siguió siendo la más persuasiva de todas (fue denunciada en 195 ocasiones, el 75 por ciento del total) y la Gendarmería redujo su participación en términos relativos y absolutos. El informe también sostiene y documenta lo que ya está naturalizado: los barrios del sur son los que más cargan con los efectos bizarros de la ola de seguridad pública.

El informe trata las denuncias presentadas por niños, niñas y adolescentes al ser ingresados al Centro de Admisión y Derivación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), por el maltrato recibido en su detención por parte de miembros de fuerzas de seguridad, entre enero y septiembre de 2015.

El Sistema de Registro y Seguimiento de Intervenciones de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) incorporó en ese período 238 causas relativas a hechos de violencia policial sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Las causas incluyen a 259 víctimas que tuvieron “voluntad de efectuar denuncia penal al momento de su ingreso al CAD”, tal como cita Procuvin. Al contrario de lo que se supone sobre la gratuidad de denunciar a uniformados (tal como suelen sugerir sus fuentes), para un adolescente la única certeza que implica una denuncia es el abanico de dudas que se abre sobre su supervivencia.

“Estas denuncias son apenas una porción que subregistra el fenómeno, en la medida en que no todos los jóvenes violentados por las fuerzas de seguridad terminan siendo derivados al CAD-Inchausti, y entre ellos no siempre existe conformidad con la radicación de la denuncia”. De todos modos, los relatos de las 259 víctimas permiten establecer prácticas violentas definidas y repetidas.

Entre las modalidades de violencia denunciadas la que aparece con mayor frecuencia es la producción de dolor y sufrimiento mediante el uso de esposas. “Cuando me detuvieron –denuncia un adolescente–, la policía me bolaceaba y me decían que iba a quedar represo, me bardeaban, y me apretaron las esposas fuerte. Yo lloraba porque sentía que no me circulaba la sangre”. El documento sostiene que las esposas, en lugar de una herramienta de seguridad, “se transforma en herramienta de castigo. Incluso, se observa la facultad de utilización de esposas en niños/as, lo cual se considera un agravamiento nocivo.”

De las 259 víctimas denunciantes, 10 (4 por ciento) tiene de 10 a 13 años. Entre los varones, mayoría entre los denunciantes (241, el 93 por ciento), el de menor edad registrado tiene 10 años. Entre las mujeres (18, el 7 por ciento), la de menor edad tiene 11. El estudio determinó además que en relación al año anterior, la cantidad de adolescentes mujeres denunciantes aumentó de 4 a 7 por ciento del total de denuncias.

En este aspecto, el informe de Procuvin considera que “en un contexto histórico donde la sociedad atraviesa un fuerte proceso de cuestionamiento sobre las propias prácticas machistas, existe aquí (en las fuerzas de seguridad) un reducto importante sobre el que incidir, donde la problematización de la violencia de género debe colocarse en relación (como parte de) la problematización de la violencia institucional.”

“Cuando frenó el auto en el que venía –relata otra adolescente maltratada–, bajó mi amigo y después yo. Atrás había tres policías y me dijeron: al piso. Yo me arrodillé y me agarró de los pelos, me acostó boca abajo y me arrastró por toda la zanja del piso. Me levanta hasta la esquina y me mete al patrullero. Después me dice que tenía olor y era una sucia”.

De las fuerzas de seguridad activas en la CABA, la más denunciada es la Policía Federal. Reúne el 75 por ciento de los casos (195 denuncias) y se mantiene a la cabeza en la actividad de maltratar a los adolescentes detenidos en comparación con el año anterior, en una proporción constante. En cambio, la Metropolitana es la única que duplicó su participación como fuerza de seguridad violenta contra niñas y niños, pasando a ocupar el 14 por ciento del total con 36 denuncias, de las cuales en 29 tuvo actuación exclusiva, sin participación de otras fuerzas.

Cabe agregar que una de las características de las agresiones a niñas, niños y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad es que se producen con un importante desequilibrio ya que, además de la desigual relación de fuerzas, en la enorme mayoría de los casos participan más de dos uniformados para detener a un solo adolescente. “Sólo un caso –cita el informe– llama la atención por su elevada cantidad de víctimas en el mismo hecho (6 en total). En el conjunto restante de hechos con más de una víctima en su mayoría se trata de 2 víctimas por hecho, y sólo en dos causas hay 3 víctimas en el mismo hecho.”

De las 195 denuncias realizadas contra la Federal, en 182 tuvieron participación uniformados de comisarías. Igual que en el año anterior, la 9ª, próxima al shopping Abasto, es la que más denuncias reunió, 16, tres más que el año anterior, período durante el que también resultó la más violenta. La 38ª, de Flores, es la segunda en el ranking de violentas y que se incrementó casi el doble, de 7 a 12. Las más violentas son las comisarías del sur. Lo mismo ocurre con las comunas: el 54 por ciento de las denuncias se agrupan en las comunas 1, 3, 4, 5 y 7. La comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) agrupa por sí sola 33 de las 182 denuncias contra los federales.

Por otro lado, el informe señala que, de las denuncias contra la Metropolitana, el 86 por ciento se realizó contra la comisaría de la Comuna 4, en el sur de la ciudad (Parque Patricios, La Boca, Barracas y Nueva Pompeya).

El informe señala que “los barrios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires es donde el ejercicio del poder de la policía porteña se despliega con mayor intensidad, según la información obtenida de las denuncias radicadas por los jóvenes.” De hecho, si a las comisarías federales más denunciadas se suma la actividad de la Metropolitana y el Cinturón Sur, que llevan adelante Gendarmería y Prefectura –y que por sí sólo reúne el 14 por ciento de las denuncias–, se llega a la conclusión de que los barrios más vigilados son los más castigados, y si se tiene en cuenta el tenor de las denuncias presentadas en el informe de Procuvin, se puede interpretar que las fuerzas de seguridad actúan en esos barrios como fuerzas de ocupación y que tienen como principales destinatarios a los niños y adolescentes de hasta 17 años.

El informe considera además que en al menos 20 casos los niños o adolescentes fueron trasladados durante su detención a celdas, calabozos, garitas o fueron mantenidos en los propios vehículos, lo que está en abierta contradicción con la resolución 906 del Ministerio de Seguridad del 14 de octubre de 2014, que establece el Protocolo de Actuación en procedimientos en los que participen niños, niñas y adolescentes. El artículo 4º del protocolo, según indica Procuvin en el informe anterior, indica que “el único establecimiento habilitado para el alojamiento de niños, niñas y adolescentes es el dispositivo conjunto conformado por la Sección Penal Juvenil de la Policía Federal (…) y el Centro de Admisión y Derivación Instituto Ursula Llona de Inchausti –de la Sennaf– (…). En ningún caso deberá trasladarse y/o alojarse a niños, niñas y adolescentes en otras dependencias policiales”.

Por lo visto, la costumbre es inmune al protocolo. Los castigos, señala el informe, continúan aun después de detenidos, dentro del patrullero, como cita esta denuncia: “(…) Nos esposaron y nos dejaron en el auto, con la calefacción al máximo, taparon la ventilación y nos dejaron una hora ahí adentro. También nos apretaban las esposas muy fuertes”.

De los 20 casos citados anteriormente, en 18 los detenidos portaban su documento de identidad. “Yo salí de la escuela el jueves alrededor de las 11 de la mañana porque nos dejaron ir antes por falta de profesores, estaba en el parque cuando me detiene la policía y me pregunta la edad –cuenta un chico en su denuncia rotulada como Caso 42–, les dije que tenía 17 años, ellos me dijeron ‘estás mintiendo, sos mayor de edad’ (…). Me tomaron las huellas digitales y me piden teléfono de un familiar, les pasé los datos de mi familia y mi fecha de nacimiento y vuelven a decir que nací en el año 1997 y no en 1998. Me llevan a una celda que tenía sólo dos ventanitas chiquitas, me dejan solo en la celda, donde había mucho olor y estaba muy sucia, pasó mucho tiempo y venían de a ratos y me pedían los datos una y otra vez, diciéndome que diga la edad, yo cansado le digo que tengo 18 porque era lo que querían escuchar.”

Para explicar en parte cómo se sostiene el sistema de la inseguridad desde las fuerzas de seguridad, el informe concluye con un dato, obtenido con la colaboración de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación: sólo 2 de cada 10 causas continúan en trámite al año de haber sido abiertas.

En Página/12

Fallo a revisión

Por Horacio Cecchi

Un fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó revisar la decisión del Juzgado de Menores 5, que había dictado el sobreseimiento de tres gendarmes denunciados por una furibunda golpiza aplicada a un adolescente detenido durante un robo a un supermercado. La lectura del fallo de los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero no sólo permite el análisis de su fallo sino que además remite a la desatención judicial cuando se trata de investigar a fuerzas de seguridad denunciadas por alguien cualquiera que, para colmo, no llega a los 18.

El 12 de febrero de 2014, un adolescente de 16 años, O.L.F., fue detenido por tres gendarmes alrededor de las cuatro de la tarde, cuando intentaba robar algo de un minimercado en la zona del Bajo Flores junto con otros dos pibes. O.L.F. fue acusado de amenazar y lesionar a empleados del local.

La descripción del hecho en la denuncia que inició la investigación contra los uniformados dice que “un gendarme lo tomó del cuello y lo tiró al suelo, mientras dos de ellos lo patearon en las costillas. Posteriormente lo levantaron y trasladaron a bordo de un móvil de dicha fuerza al destacamento ubicado en Bonorino y Riestra de esta ciudad, donde lo arrojaron nuevamente al suelo y entre varios gendarmes le propinaron patadas en la cabeza, en el cuerpo, en las piernas, en los brazos y, finalmente, uno de los agresores le tiró un balde de agua encima”.

La denuncia del joven añadió que después de unos “20 minutos lo subieron nuevamente al móvil y lo trasladaron a otro destacamento sito en la calle Perito Moreno. Durante el trayecto, refirió que una de las gendarmes le pegaba con el puño mientras otro lo hacía con una picana. Una vez llegados a destino lo sentaron en un banco donde, en el transcurso de un poco más de una hora, los dos gendarmes mencionados más un tercero le propinaron golpes en su espalda”.

El destacamento de Lacarra tiene su historial. Página/12 informó sobre el allanamiento que sufrió en abril de 2015, luego de la denuncia de otro adolescente, en la que sostuvo que además de picanearlo lo amenazaron con plantarle drogas. En el allanamiento en busca de pruebas, la Procuvin se topó con 125 ravioles de cocaína, dos ladrillos de marihuana y medio centenar de DNI, además de tarjetas de débito, crédito, tarjetas verdes, documentación de prepagas, surgidas de las requisas ilegales efectuadas a los que tenían la mala suerte de toparse con las fuerzas del presunto orden, documentaciones que no eran devueltas ni informadas a la Justicia.

Volviendo al adolescente vapuleado, luego del tratamiento gendarmeril, lo trasladaron al Centro de Admisión y Derivación Ursula Inchausti, de la Secretaría de Niñez, donde debían haberlo trasladado obligatoriamente como primer movimiento tras la detención. Una médica del CAD constató las lesiones que presentaba el adolescente. Los tres gendarmes reconocidos e imputados, Carolina Vanesa Olinik, Osvaldo Emmanuel Villalba y José Abraham Maldonado (este último falleció antes del fallo de Cámara), alegaron que las marcas que mostraba O.L.F. eran producto de los golpes recibidos durante la pelea con los empleados del local. Y tal cual lo dijeron, lo tomó el juzgado 5 a cargo de Adriana Leiras: consideró que no había suficientes pruebas para determinar que los golpes habían sido cometidos por los gendarmes.

La defensora oficial de menores Claudia López Reta sostuvo que la jueza se basó en “las declaraciones de quienes fueron damnificados en la causa”, los empleados del minimercado, que obviamente tienen la mirada inclinada contra el adolescente; y que no tuvo en cuenta en cambio los testimonios de los compañeros de O.L.F. Por último, que el detenido no declaró ante la jueza de menores. También sostuvo que del informe médico “no surgen elementos que permitan desacreditar que las lesiones fueron producidas por los golpes que habría recibido por parte del personal de Gendarmería”.

El camarista demolió el fallo de la jueza Leiras.

– Pese a que la magistrada consideró que los golpes fueron resultado de la riña, los peritos médicos determinaron que se habían producido a menos de seis horas del peritaje, cuando la riña había ocurrido mucho antes.

– No tomó declaración en el juzgado al adolescente detenido.

– No escuchó a los compañeros del detenido ni solicitó la causa en la que se investigaba a los dos compañeros de O.L.F., mayores de 18.

– No analizó si los empleados del minimercado o los gendarmes habían sufrido lesiones.

– Freiler y Ballestero también sostuvieron la necesidad de citar a los peritos médicos y a testigos que no fueron citados.

Y subrayaron la importancia de que, tratándose de un menor de 18 años, obligaba al Estado a una protección y atención especial de acuerdo a los tratados internacionales compartidos por Argentina. Párrafo dedicado expresamente a una jueza especializada en la cuestión.

Como apoyatura del fallo de la Sala I, los jueces recordaron otra denuncia de Procuvin, de octubre de 2015, sobre “irregularidades por parte de personal de la Gendarmería Nacional Cinturón Sur, al momento de la detención de personas, en su mayoría menores que –sostienen los camaristas– tienen una notable similitud con la modalidad delictiva objeto de la presente pesquisa”. Está claro, con modalidad delictiva se refieren a la intervención gendarmeril.

En: Página/12

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