Violencia de género


Comparto una opinión de Cintia Alcaraz, publicada en Radio Kermes, radio digital de La Pampa, que me resultó muy interesante.

¡AVIVADAS, NO! UNA MIRADA SOBRE LAS SENTENCIAS EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO por Cintia Alcaraz (Asociación Civil El Ágora) Mucho se habla sobre “las feministas” y su histérico ímpetu punitivo, pero poco se dice de los verdaderos responsables. El feminismo, las feministas, las políticas para erradicar la violencia de género no son responsables de que se dicten fallos condenatorios infundados. La amplitud probatoria que la problemática requiere no habilita a los jueces a condenar sin tener certeza jurídica, ni soslaya o flexibiliza las garantías constitucionales a las que se subordina todo proceso penal. Es sabido que las sentencias deben comprender la regulación de la infracción penal y la sanción punitiva. Ambos aspectos deben ser concordantes y encontrar sustento en la prueba incorporada al proceso. En tanto no haya coincidencia entre lo cualitativo y cuantitativo, tambaleará, sobre todo, el efecto concreto de la solución dada. Y, de ese modo, se revictimizará a la damnificada y, no menos importante, se violarán los derechos del imputado. Entonces, ¿cuál sería el negocio de pretender condenas a granel, si éstas no van a ser definitiva. Sin embargo, negocio o no, la responsabilidad de lo definitivo y justo de una decisión judicial es competencia y obligación de las y los jueces. No corresponde descargar esas obligaciones en el supuesto clamor punitivo del colectivo feminista. La Audiencia de Juicio de la primera circunscripción de La Pampa condenó a la pena de 25 años de prisión a un hombre acusado de los delitos de suministro de material pornográfico a una menor de 14 años, abuso sexual con acceso carnal mediante violencia y amenazas, agravado por haber resultado un grave daño en la salud mental de la víctima y por haber sido el autor el responsable de la guarda de la menor, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en reiteradas oportunidades, como delito continuado. Eso multiplicado por tres víctimas. Sin embargo, la condena fue revocada en la instancia de impugnación, toda vez que los integrantes del tribunal revisor consideraron que “en el fallo cuestionado la indivualización de la pena impuesta no está fundamentada (…) La simple mención de las pautas enunciadas no alcanzan a cumplir el requisito de fundamentación que deviene impuesto a las sentencias (…)” (Legajo 2308/4 “Rau,Gustavo Daniel s/ recurso de impugnación). Simple: la sentencia es inmotivada. La víctima es revictimizada. El imputado, con justo derecho, será nuevamente juzgado. ¿En qué modo se puede celebrar este resultado? Y, sobre todo, ¿qué responsabilidad le cabe al feminismo, las feministas o las políticas para erradicar la violencia de género? Podemos acordar en que hay grupos revanchistas que buscan soluciones de imposible aplicación en un estado de derecho, pero esto excede a las “mujeres” y, por supuesto, a la violencia de género. Es así como encontramos linchadores expectantes a la aparición de un “punga” o el infaltable grupo de vecinos autoconvocados para la convivencia sana y libre de “menores”, que reclama a “la justicia” la pax romana. Sin embargo, todos ellos, los y las revanchistas, los y las linchadores, no son los responsables de una sola coma que contribuya a dictar un fallo sin motivación. Sea éste un fallo que involucre violencia de género o no. No son sino las y los jueces los únicos autores materialmente responsables de esos papelones “jurídicos” que se pretenden achacar a la “histeria feminista”. La problemática de la violencia de género implica, necesariamente, contar con herramientas conceptuales que exceden con amplitud la biblioteca básica del buen penalista. Ello no quiere decir que, a la hora de resolver, el juez pueda violentar las garantías constitucionales y procesales del imputado. Conocer, saber y poder interpretar un contexto sociocultural problematizado tampoco debería ser privativo de la temática en cuestión. La ley 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, no crea delitos. Eso lo conocemos bien quienes militamos políticamente por su plena aplicación. Eso lo celebramos quienes consideramos que el derecho penal no es la solución y que, históricamente, no ha hecho otra cosa que estafar al colectivo “mujeres”. La ley 26485 no crea delitos, los contextualiza. No es lo mismo una trompada en medio de un partido de fútbol que una trompada en medio de una relación tormentosa, signada por una cotidianidad perversa de sumisión y socavamiento de una de las voluntades. Ambas serán tipificadas como lesiones, pero la distinción de los contextos permitirá dictar una solución más ajustada a derecho. A propósito de la problemática de violencia de género, estadísticas relevadas por La Casa del Encuentro –única entidad en el país que posee un observatorio- demuestran que cada 32 horas es asesinada una mujer a manos de varón. En el año 2014 la cifra escaló a 277. Entre 2008 y el año pasado hubo 1808 femicidios. La ley 26485 contextualiza. Impone arbitrar medidas tendientes a proteger a una de las partes del proceso. En este caso, la denunciante. Restricción de acercamiento, acompañamiento psicológico y psiquiátrico, auxilio económico, representación jurídica gratuita para garantizar un verdadero acceso a la justicia. Nada de lo enumerado sugiere transgredir o vulnerar el proceso o las garantías que corresponden al denunciado o a quien, eventualmente, resultara juzgado. Podemos discutir el fallo “Góngora”, podemos discutir la creación del femicidio como tipo penal y podemos batirnos en un duelo interminable acerca de la necesidad o no de la prisión preventiva en estos casos. Lo que no puede desencontrarnos es la obligación de exigir a los tribunales que sus sentencias sean eso: sentencias. Menudo favor le hacen a la causa las medidas o resoluciones judiciales inmotivadas. Claro está, esas decisiones serán revisadas y, más temprano que tarde, revictimizarán a quien, buscando una solución a su presente, encuentra solución para una “tribuna” que siempre estará ausente. Por otro lado, no podemos soslayar una realidad judicial que, sin traicionar sus bases clasistas, se obsesiona por dictar fallos “ejemplificadores” sobre violencia de género contra hombres pobres, violentos, pero pobres. Por el contrario, cuando se trata de varones poderosos y bien acomodados, la balanza estará siempre bien predispuesta a encontrar una disculpa para dicho(so) Varón. Un ejemplo de esto, solo por citar uno, es la resolución que dictó la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca respecto del intendente de una localidad pampeana, procesado por el delito de Trata de Personas y al que, como corresponde, hizo lugar al recurso y le dictó la falta de mérito. Los jueces Pablo Candisano Mera y Néstor Luis Montezanti sostuvieron, sin ponerse colorados, que “ni siquiera las libretas sanitarias de las alternadoras (eufemismo oportuno) son pruebas suficientes para probar los vínculos con el poder político y policial.” Cabe recordar que Luis Rogers no solo tenía conocimiento de la existencia de explotación sexual en un local habilitado por su administración, sino que en declaraciones mediáticas había dicho que los cabarets son “un lugar de contención espiritual para transportistas, viajantes y jóvenes”. A esto, el Tribunal lo definió así: “Rogers no hizo otra cosa que expresar ­con pésimo gusto y peor gramática­ lo que se lee en De Regno, que algunos atribuyen a Santo Tomás de Aquino y otros a Tolomeo de Lucca y es o ha sido compartido por buena parte de nuestra doctrina, sin reproche alguno hasta ahora, menos aún penal. La traducción de esa cita sería: ´Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”. Aprobaron filosofía. Cuando hablamos de estafas, hablamos de éstas estafas: fallos arbitrariamente selectivos y sexistas. Las y los feministas no debemos ser ingenuos. No debemos permitir que quienes son responsables de administrar justicia utilicen al colectivo “mujeres” para aplicar su más íntima, clasista, sexista y punitiva convicción. Una vez más, las condenas deben ser el fruto de una investigación no dispendiosa para las víctimas, los denunciados y el Estado, así como de un proceso legítimo que permita una acusación certera y un pleno ejercicio de la defensa. El feminismo, las y los feministas, las políticas para erradicar la violencia de género no son responsables de que se dicten fallos condenatorios infundados. Esa cuenta se cobra en tribunales. En: Radio Kermes

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