La voz de los presos como radiografía carcelaria


UN INFORME QUE ANALIZA QUIENES SON LOS CONDENADOS Y POR QUE

La Universidad de Tres de Febrero realizó un informe sobre cárceles del SPB y SPF. Encuestó a más de mil condenados de ambos géneros. Fuerte prevalencia de jóvenes de origen humilde, el eslabón de la cadena delictiva más fácil de reemplazar.

Por Horacio Cecchi

Cada uno de los presos condenados en la Argentina cuesta a la sociedad alrededor de 10 mil carceldólares al año en gastos que demanda su encierro. Esa cifra, comparada con el motivo de su condena, toma un cariz inexplicable hasta para la mano más dura: la tendencia mayoritaria de los 15 mil condenados por delitos a la propiedad en los sistemas federal y bonaerense (los dos juntos representan el 60 por ciento del total del país) es que están por robos menores a 2500 dólares. Y un cuarto de esos 15 mil fue condenado por robar menos de 900

dólares. Los datos surgen de un informe sobre prisiones realizado por investigadores del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). El informe hace una radiografía desacostumbrada sobre el sistema penal y qué es lo que se pretende de él: “Suponer que las cárceles no tienen nada que ver con la sociedad es un error. Cada día se pueden encontrar en el país 70 mil chicos que tienen al menos uno de sus padres presos”, señaló a Página/12 Marcelo Bergman, director de la investigación (ver aparte).

El informe, titulado “Delito, marginalidad y desempeño institucional en Argentina: Resultado de la encuesta de presos condenados”, trabaja sobre datos aportados en una encuesta realizada a 1033 presos ya condenados, varones y mujeres, alojados en unidades del SPF y del SPB. Uno de los aportes novedosos de la investigación es precisamente hacer hablar a quienes están atravesados por el sistema penal, los presos.

El trabajo se divide en cuatro áreas temáticas que representan los diferentes momentos en la vida de una persona condenada: la primera trata sobre las características de su vida previa a la detención, el modo de socialización, de su niñez, y su pasado educativo y laboral. La segunda, determinadas particularidades del delito que cometió y por el que fue condenado, patrones delictivos, la reincidencia en el delito, el alcohol y las drogas, y el uso de armas. En la tercera se trabaja la transición por el proceso legal hasta que fueron condenados; cómo fue el accionar policial y de la Justicia desde que fueron detenidos y hasta el dictado de la sentencia. La última se refiere al tipo de condiciones de vida en la cárcel, sus actividades, sus vínculos y los problemas que enfrentan en su vida cotidiana.

El estudio, además, forma parte de un trabajo más amplio, con las mismas características, realizado en otros cinco países de la región: Brasil, Chile, El Salvador, Perú y México, lo que permite realizar comparaciones y análisis de mayor profundidad.

En ese aspecto, el estudio destaca que, si bien Argentina mantiene la menor tasa de prisionalización entre los seis países estudiados (en 2012, 149 cada 100 mil habitantes; contra la siguiente, México, con 169; siendo la máxima en El Salvador, 430), sostiene la misma tendencia creciente que el resto de la región: en doce años, la tasa argentina aumentó casi un 50 por ciento (en 2000 era de 103), sin que la producción de delito se haya resuelto.

Del perfil de los condenados se puede saber que uno de cada cinco internos no conoció a su madre o padre o a ambos. Y dos de cada cinco abandonaron su hogar antes de los 15 años, dato que se asocia con la violencia que vivió dentro de su familia: mientras que en hogares sin violencia el 10 por ciento se fue de la casa antes de los 15 años, la cifra se multiplica más de dos veces y media (26 por ciento) de abandono de hogares con violencia antes de los 15 años. Al mismo tiempo, mientras que el 84 por ciento de los encuestados de hogares no violentos reconoció tener mucha confianza en sus padres, la proporción disminuyó a 46 por ciento en los casos que provienen de hogares violentos. Además, el 37 por ciento reconoce durante su niñez cierta familiaridad con el alcohol y/o las drogas en su hogar.

Un tercer indicador, muy importante dentro del perfil previo del interno, es lo que el estudio denomina “habitualidad” de la cárcel. Tres de cada cuatro (73 por ciento) señalaron tener familiares o amigos que pasaron por la experiencia carcelaria. “La ‘habitualidad’ de la cárcel –señala el informe– reduce su efecto disuasivo.” Sin que la violencia en el hogar, la formación en un ambiente familiarizado con la ingesta de drogas y alcohol, y la presencia de conocidos con pasado carcelario se confirmen como causales directas de la prisionalización, la encuesta sostiene que son marcas que se repiten en forma muy frecuente entre la población privada de libertad.

El informe encuentra también asociaciones fuertes entre hogares con violencia y un primer paso por institutos de menores. Más de la mitad de la población entrevistada estuvo en institutos para adolescentes. Este hecho en sí mismo ya muestra la errónea política de encierro adolescente que no sólo no posibilita la reinserción, sino que promueve a la repetición.

La edad promedio de inicio en el delito es de 21 años. Las tres cuartas partesna02fo01b de la población consultada cometió el primer delito antes de los 23. Este dato, más que cargar tintas sobre la adolescencia, cruzado con los otros marcadores de fuerte incidencia como el hogar violento que lleva a la salida temprana del hogar e instala a un chico de menos de 15 años asociado con ambientes delictivos, puede vincularse a la presencia de un Estado interesado en la persecución punitiva, pero ausente en política social.

Respecto a la intervención policial y judicial, los datos que surgen son llamativos: el 81 por ciento de los detenidos por robo y el 78 de los detenidos por tráfico y/o tenencia de drogas lo fueron en flagrancia. Lo mismo para poco menos de la mitad de los homicidios. La percepción de corrupción en todo el proceso es alta: dos de cada tres internos dijeron que de haber tenido suficiente dinero la policía o alguna otra instancia judicial lo hubieran dejado ir. No sólo percepción de corrupción: el sistema penal deja adentro a quien no puede pagar. El informe también destaca que les solicitaron dinero o pertenencias en algún tramo del proceso: el 71 por ciento respecto a la policía; el 31 por ciento mencionó a la fiscalía; guardias penitenciarios, un 22 por ciento. Los jueces no quedaron fuera: 5 por ciento dijo que un juez pidió pagos a cambio de beneficios. Otra cara de la misma moneda: el 38 por ciento nunca pudo hablar con el juez.

En el paso por las manos policiales, la referencia no es metafórica: el 42 por ciento de los entrevistados sostuvo que fue golpeado o se utilizó la fuerza física para obligarlo a declarar o a cambiar su declaración. El informe aclara que no hay diferencias entre el sistema bonaerense y el federal. Al mismo tiempo, más de la mitad dijo no haberse sentido defendido por sus abogados. Respecto de la defensa pública, el 59 por ciento la requirió, pero el 60 por ciento de esa cifra no se sintió bien defendido.

Como conclusión, el informe sostiene que “el sistema penal termina recluyendo personas que son fácilmente reemplazables en las pirámides delictivas: los ladrones callejeros, los pequeños traficantes, las mulas”. “La cárcel ya es un espacio habitual para una creciente proporción de la población.” “Es un instrumento social utilizado con asiduidad a lo que va conformando un sector social donde cientos de miles de personas quedan profundamente marcados por la reclusión. Esto tiene enormes implicancias futuras para toda la sociedad.”

(Si querés bajar el Informe Argentina2014, clickeá acá)

En: Página/12

Acceso a las armas

Por Horacio Cecchi

Comparativamente con los otros cinco países analizados en el informe del Celiv (Brasil, Chile, El Salvador, na02fo02México y Perú), la Argentina denota el mayor acceso y el mayor uso de armas de fuego. El 62 por ciento de los encuestados portaba un arma al cometer el delito por el cual lo condenaron. El 55 por ciento cumple sentencia por robo y 20 por homicidio. Al mismo tiempo, el 52 por ciento de las mujeres está condenada por tenencia y tráfico de drogas. De los internos presos por delitos con drogas, el 50 por ciento fue detenido por comerciar montos inferiores a 12.300 dólares. La cuarta parte por montos menores a 616 dólares. Del 55 por ciento que cumple condena por robo, la cuarta parte, fue detenida y condenada por robos menores a 860 dólares.

En: Página/12

MULTIPLICADOR DELICTIVO

El pasado lo condena

Por Horacio Cecchi

El 82,5 por ciento de los reincidentes estuvo previamente detenido en algún institutona03fo02 de internación de adolescentes o en una cárcel. En la pregunta específica sobre institutos para adolescentes, uno de cada tres encuestados dijo haber estado preso en una de esas instituciones.

El dato no es menor: habla no sólo de la escasa capacidad de reinserción del sistema penal sino que, además, lo sitúa como un multiplicador delictivo. “A partir de estos resultados –recomienda el informe del Celiv–, debería estudiarse la efectividad de estos dispositivos como lugares de reinserción o corrección.”

Algún indicio por el que se podría avanzar para reflexionar sobre las causas de la recaída en el delito puede buscarse en la red de apoyo que se abre o no al detenido en el momento de cumplir su condena. Algunos datos verificados en el informe: del grupo de reincidentes, al quedar en libertad alrededor de la mitad (47,4 por ciento) admitió haber recibido apoyo de una ONG, mientras que menos de la cuarta parte (23,7 por ciento) recibió alguna ayuda del Patronato de Liberados. El 13,2 recibió apoyo de alguna oficina de gobierno para ayuda laboral.

Si se agregan respuestas relativas a la vida en prisión, el cuadro resultante invita a reflexionar. Insumos básicos: el 85 por ciento dijo que los alimentos se los proporciona la familia; el 87 por ciento, el calzado; y el 35, los medicamentos. El 14 por ciento afirmó no tener agua suficiente para beber. El 70 por ciento consideró insuficientes los alimentos provistos por el servicio, y la mitad, que eran de muy mala calidad. El 33 por ciento no recibe atención médica. Y de los que la reciben, el 34 dice que es regular. El 57 por ciento trabaja y estudia. El 35 por ciento dice que le robaron pertenencias. El 21, que lo han golpeado en último medio año, y el 2 por ciento que fue violado. El 71 por ciento en el SPB no se siente seguro en su celda, cifra que aumenta al 76 en el SPF.

En: Página/12

El método de la encuesta

La encuesta fue aplicada a una muestra representativa de condenados en dos etapas. La primera relevando datos del SPB, con trabajo de campo entre el 20 de mayo y el 24 de junio de 2013. En esa etapa entrevistaron a 108 mujeres y 408 varones, un total de 516 condenados. La segunda etapa correspondió al SPF, con trabajo de campo entre el 14 de octubre y 20 de noviembre de 2013. Fueron 80 mujeres y 437 varones, un total de 517 condenados. En el sistema federal visitaron Devoto; en Ezeiza los complejos I, IV y la U31; en Marcos Paz, el complejo II y el de Jóvenes Adultos; la U4 de La Pampa; la U7 del Chaco y la U9 de Neuquén. La de mayor encuesta fue Ezeiza CPF I, con 11, y la menor, Jóvenes Adultos de Marcos Paz, con 20. Del SPB, tomaron los complejos de Mar del Plata, General Alvear, Florencio Varela, San Martín, Magdalena, Sierra Chica, Los Hornos, y La Plata. La más concurrida fue Alvear, con 115, y la menor, Los Hornos, con 32. Se realizaron 270 preguntas en forma anónima y en espacios privados para garantizar libertad de respuestas al encuestado. A quienes se encuestó fue resultado de una base de datos de la enumeración de reclusos de cada unidad prevista. De allí se seleccionó por un sistema aleatorio a cada uno y luego se hizo la revisión para los casos que rechazaban la encuesta. Hubo un rechazo de menos del 10 por ciento.

En: Página/12

MARCELO BERGMAN, DIRECTOR DEL CELIV/UNTREF Y UNO DE LOS AUTORES DEL INFORME CARCELARIO

“Los detenidos son los perejiles”

Entrevistado por Página/12, Bergman dijo que el informe sobre condenados permite comparar con otros países, da la perspectiva poco habitual de la voz de los propios interesados, los condenados, y abre espacio para la reflexión.

Por Horacio Cecchi

”Estamos presentando los datos; quiénes son las personas que están presas por robo. PorqueBergman la gran mayoría que surge de la información es que no son los jefes de las bandas, ni los operadores, ni los desarmadores de autos. Los que están presos son el último eslabón de la cadena, los más fáciles de reemplazar. Y no se trata de no castigar, sino que así como está planteado no se resuelve la cadena del delito”, dijo a Página/12 Marcelo Bergman, director del Celiv. Bergman dirigió junto a Diego Masello y Christian Arias la investigación que derivó en el informe del Celiv/Untref “Delito, marginalidad y desempeño institucional en la Argentina: Resultados de la encuesta de presos condenados”.

“Es un informe muy grande, tiene mucha riqueza de datos, porque está hecha de la misma manera que se hizo en otros cinco países de la región, Brasil, Chile, Perú, El Salvador y México. Y en todos se hizo la misma encuesta, con las mismas preguntas. Apenas si tiene alguna modificación en algún término, porque hay significados locales diferentes. Pero fuera de esa adaptación, son todas iguales. Eso permite extraer resultados comparados de un país a otro”, aclaró bergman.

–¿Los datos fueron proporcionados durante la encuesta a más de mil presos?

–Sí. Es otra ventaja que tiene este estudio. Escuchamos la voz de los actores oficiales, sabemos mucho del proceso jurídico que nos cuentan los abogados, los fiscales y los jueces, sabemos de la criminalidad porque la policía nos lo cuenta. Pero saber que los procesos en Argentina son los más largos comparados con los demás países… Los jueces dicen que son razonablemente rápidos, pero comparado con El Salvador o Brasil, se puede ver que Argentina es la mas lenta. Nosotros no podemos saber sobre la corrupción policial, si no le preguntamos a la gente. Esto se mide a través de la voz de los imputados.

–Hacen una descripción muy novedosa sobre el origen de esas personas que terminaron condenadas…

–Podemos ver qué gente atrapa el sistema, a qué tipo de delincuente está atrapando. Uno mira cuál fue el promedio de los robos que cometió, el de los robos en los últimos seis meses…

–Ustedes hacen una comparación en relación con el costo de mantener alojada a una persona en una cárcel, alrededor de 10 mil dólares al año, y luego señalan que para la cuarta parte de los presos se paga esa suma por haber robado menos de 900 dólares.

–No es una cifra proporcionada. Es una estimación, pero esa cifra es por lo bajo. Es un costo muy conservador, en Estados Unidos cuesta 30 mil dólares al año. Y eso se paga con impuestos. Estados Unidos es el país que tiene la mayor cantidad de presos en el mundo, 2.300.000 presos. Recién ahora están frenando esa tasa en avance, porque la gente se da cuenta de que eso hay que pagarlo. Pero lo importante que queremos señalar es que nos está costando demasiado condenar gente que, si robó, si comercializó drogas, fueron montos menores. No hay un análisis de costo beneficio, no hay penas alternativas. De las personas que están presas por robo, la gran mayoría no son los jefes de las bandas, ni los operadores, ni los desarmadores de autos. Los que están presos son el último eslabón de la cadena, los más fáciles de reemplazar. Y no se trata de no castigar, sino que no se resuelve la cadena del delito.

–¿Cree que al detener a los más fáciles de reemplazar, el sistema tenga la intención de resolver la cadena del delito, es un negocio la cárcel, es una forma de control social?

–La motivación de este estudio es primero académica, porque es muy difícil tener datos de primera vez para hacer una investigación académica, juntar información para hacer análisis. Esto no implica que no podamos tener reflexiones. Para qué queremos cárceles, qué rol les damos. Uno tiene que saber para que las quiere para meterle un poco de racionalidad al uso de la cárcel, y entonces nos tenemos que plantear si tenemos que meter a cualquier perejil por una sencilla razón, al ser reemplazable no se rompe la cadena y sigue ocurriendo el delito. Si la tenemos por disuasión, no están funcionando porque hay una parte muy grande de la población para la que la cárcel ya es habitual. Vale más la pena la certeza de la detención, incrementarla sustancialmente con penas más cortas, pero con mayor certeza de detección, aumentar la idea en quien delinque de que es fuerte la probabilidad de que lo agarren. Si uno tiene mil camas, puede meter mil personas presas, uno puede decidir si las pone por cinco años, quiere decir que no se puede detener a nadie más, porque no le da más el cupo. Ahora si tiene mucha rotación son penas menores pero más efectivo.

–¿Los resultados de la encuesta le dieron alguna sorpresa?

–Grandes sorpresas no tuve, porque ya vengo haciendo estos estudios en otros países. Me sorprende algo más conceptual. La cárcel se está transformando en algo habitual, tiene ya sus clientes fijos, si no son ellos son sus familiares, si no son ellos son su entorno, perdió su calidad de disuasión y va friccionando a la sociedad. Esa idea de que está aislada de la sociedad no existe. Todos los días hay unos 70 mil chicos en el país, que tienen uno de sus padres presos. ¿Cuál es el efecto social de largo alcance de esto? ¿Cuál es el efecto social de la cárcel? Más que el efecto de encerrar a una persona porque cometió un delito, cuáles son las consecuencias.

En: Página/12

 

Los estragos mediáticos de la mano dura

Por Horacio Cecchi

La mano dura está haciendo estragos entre los pensantes, los economistas, los políticos y cierto periodismo que distribuye mucho miedo y ninguna reflexión. La encuesta de Celiv/Untref señala claramente que el sistema penal castiga únicamente al sector más vulnerable de la población. Si las denuncias de organizaciones sociales y de los propios grupos de riesgo ya habían puesto el acento en que el ejercicio penal se cargaba sobre los hombros de jóvenes, morochitos y habitantes de villas, la encuesta “Delito marginalidad y desempeño…” viene a sostenerlo desde una mirada marcada por la objetividad como método de estudio.

Pero el informe, además, subraya la fuerte carencia reflexiva entre los medios o el interés no revelado de promover miedo como objeto de consumo por parte de cierto periodismo. El dato subrayado en el informe “Delito…”, que dice que las cárceles están pobladas por el eslabón más simple de la cadena delictiva, cuya detención y condena no modifica en lo más mínimo la generación del delito que, supuestamente, es el que dispara el mentado miedo a la inseguridad, debería llevar a una conclusión: el reclamo de más policía para solucionar la inseguridad es falso o lleva a un callejón sin salida. No porque sea inocuo, un placebo. No, produce detenciones a granel. Sin entrar en el debate de si esas detenciones son injustas, sólo resulta inocuo para la cadena criminal. Seguirá funcionando. Cambiarán a un pibe orejudo, atrapado, amasijado a golpes por una parte de la sociedad indignada, puesto como un muñeco en la kermesse para que el público pase y festeje puntería contra su cabeza expuesta, mientras que el dueño del local se restriega las manos mientras alienta clientela al grito de “¡golpee al asesino y haga justicia por mano propia!”

¿Qué milagrosa lógica es la que permite que un medio diga que una institución produce todo lo contrario de lo que se espera que produzca, y que por ello admite (en realidad no lo revela) que se gasten cifras millonarias quitadas de otros espacios, y que su público lo apruebe? ¿Acaso se promovería el aplauso por un hospital que produzca enfermedad y muerte? La cárcel es la única institución que agita apoyos por su inutilidad.

¿Qué papel tienen los medios en ese discurso? Decir, dicen todo. Pero lo dicen cambiado. En cuestiones discursivas no se verifica la ley de matemática que dice que en suma y multiplicación, el orden no altera el producto. El costo de la maquinaria que se pone en marcha por un robo a mano armada de un celular no se menciona en la nota donde el protagonismo lo tiene la víctima, la desposesión del patrimonio, y la transmisión empática de que todos somos víctimas posibles. El costo de esa maquinaria penal será tema de otra nota titulada “reclamos contra el gasto de la administración”, empujando hacia la privatización de los servicios, en este caso policiales, carcelarios y, por qué no, judiciales. Nunca se dirá que ese costo multiplica por mil el valor de ese celular. Tampoco que ese ladrón adolescente será fácilmente reemplazado por otro que entrará en la productora en serie de pibes para el consumo del miedo.

Mucho menos se dirá que ese pibe es más barato para el crimen que el valor del celular lo es para la víctima que fue desposeída. Ese cierto periodismo no quiere explicar que propone pagar para seguir perdiendo celulares. En realidad, no propone. Dice que describe.

En: Página/12

 

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4 comentarios

Archivado bajo Informes, Opinión

4 Respuestas a “La voz de los presos como radiografía carcelaria

  1. alba noemi perez saiz de naistud

    Horacio,excelente el articulo y lo exaustivo del tratamiento del/los temas abordados.Es un trabajo muy interesante y que volveré a leer,mas de una vez.
    Muchas gracias.Abrazo.

  2. Viviana Nocito

    Hola! Mi nombre es Viviana Nocito. Soy diputada en la Provincia de Buenos Aires. Uno de mis primeros proyectos de ley presentados tiene como eje a las personas en situación de encierro. Un proyecto elaborado conjuntamente con el Dip. Marcelo Sain.
    Nunca logré que sea tratado en el pleno de la Cámara. Actualmente está”cajoneado” en la comisión de Seguridad y asuntos penitenciarios.
    Por qué? Porque aparentemente los ministros ( Salud y Justicia) no estarían de acuerdo en que salga.
    Me interesó mucho la nota y te agradecería si pudieras ponerme en contacto con los autores de la investigación.
    A modo de comentario también te digo que tengo presentado varios proyectos ( aborto no punible, violencia de género ), que duermen el sueño de los justos e impiden que algo se mueva en esta Legislatura.
    Gracias y a tu disposición

  3. Alfredo Vera

    Muchas gracias Horacio Cecchi por tu trabajo al publicar este artículo revelador de presunsiones.

  4. Reblogueó esto en Acariciando lo ásperoy comentado:
    Muy interesante la nota de Horacio Cecchi sobre el informe de la Universidad de Tres de Febrero acerca de quienes son los condenados y por qué.
    Lo comparto con ustedes

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