Los Quijotes de la cerradura


LOS JUECES DE EJECUCION BUSCAN COMO CUMPLIR SU FUNCION SIN LA AMENAZA DEL JURY

Por Horacio Cecchi

Si se pudiera resumir en una idea el cúmulo de preocupaciones que tiene en viloReja a los jueces de ejecución y, por extensión, a buena parte de los jueces penales, la que parece acomodarse mejor es “no somos el Quijote, queremos cumplir la función para la que fuimos designados”. Así lo confiaron más de una vez a este cronista durante la cobertura del VIII Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal, realizado en San Juan hace pocos días. Los juries como amenaza de destitución es el tema presente en todas las reuniones. No es nuevo. Pero arrecia, sobre todo en un año electoral. Y buena parte está dispuesta a dar la batalla contra lo que consideran un contrasentido: ser castigados por cumplir las funciones para las que fueron convocados. Todos coinciden en que el problema principal, o mejor, la puerta para abrir, pasa por comunicar sus fallos a la sociedad, pero les preocupa especialmente que se entiendan (donde el lenguaje llano es apenas la superficie). Desde oficinas de información específicas del fuero; hasta jornadas de difusión sobre el metier concreto del juez de ejecución; o si las sentencias debieran ir acompañadas por un abstract en lenguaje casi coloquial; el jury; la mediatización; la andanada cuentavotos.

Por ahora son ideas que dan vueltas. Conversaciones informales. Sí hay certeza entre los jueces de que parte de la crisis que arrastra particularmente a la Ejecución Penal es de índole comunicacional.

–Un problema de comunicación, pero hablan en off –sugirió este cronista.

–Por el momento, sí. Están esperando que salgamos para hacer una carnicería –aseguró, con reserva de la fuente, un juez provincial.

–¿Quiénes?

–Muchos medios, muchos periodistas y, a través de ellos, muchos políticos cuentavotos.

La cuestión podría plantearse diferenciada según el escalón que le toque en el fuero Penal. Un tribunal oral, mucho más si es de menores, puede sentirse en la cornisa durante un juicio en el que las pruebas policiales (por habitual casualidad) sean truchas. ¿Debería condenar? ¿O absolver y enfrentar al intendente agitando víctimas frente a las cámaras de tevé? También el juez de Garantías sabe que excarcelar a un detenido por la policía exige pulso firme y convicciones que revelan el contrasentido de la crítica manodurista: cuestionar a los jueces de Garantías por garantistas. Pero, más que nadie, la actualidad periodística se la agarra con los jueces de Ejecución Penal. ¿Por qué? Son los convocados para decidir sobre el cumplimiento de la pena tal como lo dispone la Ley de Ejecución, que marca plazos, períodos, libertades, salidas y el cumplimiento de los derechos de los presos. “Decir en público que uno defiende los derechos de los presos es ponerse en la picota –explicó un juez del fuero muy gráficamente–. Pero, ¡nos designaron para eso!”

Todos los consultados aceptaron: “Hay incapacidad de nuestra parte para llevar adelante correctamente la idea de una condena”. Pero también están convencidos de que buena parte de la prensa no tiene conocimiento de esa idea. No hace falta hurgar demasiado en los archivos para encontrar ejemplos. “Es indispensable que en el fuero de Ejecución, sea provincial o federal, exista una oficina de prensa específica”, adelantó uno de los consultados. “La oficina del Poder Judicial no te publicó nada la vez pasada”, cuestionó otro, dirigiéndose a un tercero, cuya sentencia había paseado por los medios, pero estuvo ausente en la oficina de prensa judicial. “Por eso digo que tiene que ser específica, que dependa de los Juzgados de Ejecución.”

“No sé si, por más oficinas de comunicación que tengamos, vayamos a convencer a ciertos periodistas de que lo que hacemos es respetar las garantías y podamos modificar su punto de vista”, acotó un juez (garantista) de Garantías. “Y algunos son abogados”, agregó después de unos segundos. Otro apuntó a la participación de la Defensoría del Público para defender a la sociedad de información desdibujada o que llanamente desinforma.

La idea que surge: “Los jueces tenemos que salir a hablar, aunque en estas condiciones sea tan difícil”. Aunque utilice un plano general, en realidad, por “los jueces” se refiere a los que están dispuestos a firmar lo que corresponde y dicta la ley, que no son todos, cuyo número es una cifra negra aunque en el medio todos se conozcan, y que en definitiva se sienten amenazados por el jury y los titulares de prensa.

Volviendo a la oficina de prensa, hay desconfianza hacia las oficinas de prensa institucionales porque “en general están cubiertas por gente que no hace penal y muchas veces están de acuerdo incluso con los cuestionamientos que hace esa especie de clamor presuntamente popular”. Por eso la propuesta es que sean los mismos jueces los que salgan a explicar la columna vertebral de una sentencia, idea debatida como pocas: “Pero él salió a explicar y mirá, lo crucificaron”, criticó uno apuntando a un colega. “No, por eso, tiene que ser estratégico. Sale otro que no esté complicado, pero alguien tiene que explicar a los medios. Hay que tener un organismo regionalizado, porque pasa en Mendoza, pasa en Buenos Aires, pasa en cualquier lado, con varios integrantes de nosotros que nos podamos ir rotando.”

De la oficina se saltó al desconocimiento periodístico, muchas veces salpicado con una visión previa del asunto. Así, sobraron los ejemplos de causas llevadas por los mismos consultados que fueron cubiertas por uno u otro periodista de uno u otro medio. “Siguió la causa, siguió la causa y me pegó en los tobillos, mal, porque lo que decía estaba plagado de errores. El medio cambió de periodista para seguir la causa, y el que la tomó escribió lo que era realmente. Esto alguien lo tiene que controlar. No la información sino la manipulación.”

En cambio, otro consideraba que ya existen organizaciones empeñadas en difundir y aclarar las sentencias, en defender a los jueces amenazados, y no se refería a las institucionales sino a organizaciones de la sociedad.

Claro, los jueces se sienten amenazados, pero algunos sostienen que es inevitable sentirse cuestionados, por el solo hecho de ser funcionarios públicos. “Estamos sometidos al escrutinio público”, dijo uno. “Sí, pero la comunidad no termina de entender la lógica –respondió aquél–, porque no está bien distribuida la información sobre las sentencias.” “Volvemos a lo mismo. Pasar la sentencia no quiere decir que se entienda”, sugirió alguien. Por eso, también se mencionó el criterio de entregar las sentencias acompañadas de un abstract en “lenguaje llano y universal”. “No escribir libros cuando escribimos sentencias”, arrojó otro.

Pero no es solamente enunciativo el problema que se plantean. “Sí, pero no hay intención periodística para leer y entender la sentencia”, acotó un tercero. “El cargo de Ejecución Penal fue creado para custodiar las garantías de los condenados, que se cumpla la condena tal cual sus objetivos –explicó uno de los participantes–. Pero se saca una resolución de salidas transitorias y resulta que después se te tiran encima porque estás cumpliendo eso para lo que te designaron. ¿Quién lo entiende?”

“Somos la cara del asesinato”, lanzó una síntesis uno.

“Sí, pero también reconozcamos que los jueces nos hemos ganado cierto desprestigio, no lo soslayemos. Y en esta cuestión, con esto de la democratización de la Justicia, la necesidad de la participación ciudadana en la administración de justicia”.

La participación ciudadana derivó en el juicio por jurados, en el desconocimiento de lo que está haciendo internamente la Justicia. Pero también, en el control que se ejerce por medio de un jury. El mecanismo, por ley, es el que se debiera utilizar en las ocasiones en que fuera necesario para sancionar o hasta desplazar del Poder Judicial a los funcionarios que hayan incurrido en alguna falta.

“Bueno, también hay que ajustar eso –subrayó uno de los consultados–. El reglamento hay que ajustarlo, desburocratizarlo. En el reglamento de las acusaciones hay algunas que son imposibles. No se entienden. A un juez lo pueden acusar por mal desempeño. ¿Qué quiere decir que fue acusado por ‘mal desempeño’?”, y empezó a enumerar casos de jueces que pasaron por el jury o que fueron o son amenazados por sentencias o acciones ceñidas a la ley.

También hablaron sobre el efecto que produce “cuando estás por firmar, o mirás la televisión todos los días a las siete de la tarde a ver si hay un tiroteo y ver que no sea uno de los que yo liberé. Y no es que no lo vuelva a hacer, porque de hecho lo seguimos haciendo todos nosotros, pero mirás la tele y decís, ojalá que no sea. Es mentira que no te influye”.

–Lo cual demuestra que el ideal de la independencia judicial es un ideal bastante lejano, que hay que construirlo todos los días –aseguró un garantista de Garantías.

–Esa sensación –resumió otro, éste de Ejecución Penal–, revela también nuestra fragilidad institucional y laboral.

En: Página/12

UN JUEZ DE MENORES Y TRES CAMARISTAS MENDOCINOS BAJO LA MIRA DEL JURY

Cuatro acusaciones sin consistencia

Por Horacio Cecchi

Cuatro jueces, en Mendoza, pasan por la presión del jury con abundante adjetivación mediática y curiosos giros idiomáticos para explicar los motivos de las denuncias. Uno de ellos es juez de Menores, Ramón Pérez Pesce, de la localidad de San Rafael. Los otros tres, Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel, conforman la única sala de la única Cámara de Apelaciones de Mendoza. Para el caso hipotético de que el Jury de Enjuiciamiento mendocino se disponga a acusar a Pérez Pesce, deberá encontrar sentido a la acusación de “exceso de hábeas corpus”, tal como se anunció en la denuncia, lo que apunta a depositar la administración de justicia en las manos sueltas policiales. Para el caso de que ocurra con los tres camaristas, tendrán que buscar más en los muros de las calles mendocinas: el denunciante principal es el diputado Daniel Cassia, que para su campaña a legislador empapeló la ciudad con afiches con su rostro y dos lemas: “Tolerancia Cero” y “Servicio Militar Obligatorio”. La seriedad de su denuncia aparece ya en una vista rápida: de 20 casos presentados, el 10 por ciento ni siquiera corresponde porque no tiene que ver con los camaristas.

Ramón Pérez Pesce integra el Tribunal de Menores de Mendoza. Su caso llegó al Jury de Enjuiciamiento –compuesto por siete senadores, siete diputados y los siete miembros de la Corte provincial– con la acusación de que limitó las actuaciones policiales con “27 casos comprobados de hábeas corpus”. Poco menos que señalar que el control sobre la actuación policial es un exceso de parte de la Justicia. Algunos medios locales, en lugar de preguntar sobre los motivos de los hábeas corpus, lo dijeron de un modo más coloquial: denuncian los hábeas corpus de Pérez Pesce como “una práctica reiterada”; hasta llegan a afirmar que “impide el accionar policial” porque da “inmunidad al beneficiario”, que no podrá “ser tocado” por los uniformados. Hay que aclarar que esto ocurrirá en el futuro, y por un tiempito, porque en el pasado reciente la mayoría ya pasó por la tocata policial motivacional de tanto hábeas corpus.

El caso de los tres camaristas es tan llamativo como aquél. En abril de 2009, los medios mendocinos recibieron con elogios a los primeros dos ocupantes de la nueva y única Cámara de Apelaciones: Luis Correa Llano, quien llegaba como fiscal especial con investigaciones sobre los delitos más graves del Gran Mendoza vinculados a empresas, y Ramiro Salinas, quien lo hacía dejando el cargo de coordinador general de todos los fiscales. Ambos, fiscales, ofrecían para el concepto general de inseguridad un perfil acusatorio que auguraba detenciones a granel y niveles mínimos de libertades. Tiempo después llegó Alejandro Miguel, quien con una de las mejores puntuaciones del concurso debió aguardar la solución del planchado de su pliego por internas político-personales.

La recepción elogiosa duró alrededor de un año. Cuando los camaristas comenzaron a cumplir su función de Cámara, salvo uno que otro los elogios desaparecieron. Semejante a los “excesos de hábeas corpus” (como decir “demasiada justicia”), y sin preguntarse en qué consistió la acusación, buena parte de los medios mendocinos arremetió contra los que ahora aparecían como los gestores de la inseguridad.

Cassia sumó 20 (veinte) casos de supuesto “facilitamiento” a los detenidos para acceder, en general, a las salidas transitorias, aunque hay de todo. Este diario tuvo acceso a la casuística del legislador. En dos de los casos presentados, el 5 (H.O., A.S.) y el 6 (P.B.), ni siquiera forman parte de las resoluciones de la Cámara.

El diputado de la nueva colimba menciona los casos como “dictámenes inconvenientes”, sin aclarar en qué consiste la inconveniencia que no sea la de un fallo opuesto a sus pretensiones. En particular, denunció el hecho de “dictar fallos incumpliendo la ley vigente”, sin aclarar a qué ley se refiere. Presionar a los jueces de Ejecución dictando nulidades de sus fallos e intentar sancionarlos. Punto que surgió luego de que los camaristas decidieran apartar a una jueza porque detectaron que rechazaba salidas transitorias sin motivos; a otro juez por agravios a los camaristas (“la Cámara debe nulidificar menos y resolver más”, por ejemplo). Cassia aseguró que “la Cámara ‘nulidifica’ las resoluciones del juez de Ejecución. Pero sólo en el 15 por ciento de los casos se dictaron nulidades, por otra parte fundadas, según el criterio de los camaristas.

Pero quizás la más sorprendente de las denuncias sea la de “Negación de la posibilidad que el interno cumpla con la totalidad del régimen progresivo de la pena, al posibilitar la soltura anticipada”. La respuesta de los jueces a este punto particular es “?” (signo de interrogación). También, pareja a ésta, otra denuncia aporta que “los magistrados otorgan beneficios extramuros con el fin, entre otras causales, de generar espacios libres en los establecimientos penitenciarios”.

En seis casos de los veinte, la preocupación por los derechos del niño contiene errores de concepto: denuncia que la salida transitoria se realizará en casas “con menores” y, dada la “peligrosidad”, los futuros colimbas entran en riesgo. Pero en cinco de los seis casos los camaristas ordenaron que las salidas se realizaran cuando los chicos no estén y con presencia penitenciaria. En el sexto caso, los chicos ni siquiera viven en el lugar. Por otro lado, los seis “beneficiarios” cuentan con muy buenos puntajes dispuestos por el Servicio Penitenciario. En cuestión de peligrosidad, más allá de que no sea un concepto jurídico aplicable, los camaristas detectaron que a partir del caso 12 (J.A.H.P.) el Organismo Técnico Criminológico emitía conclusiones no asentadas en diagnósticos ni en la conducta del detenido sino en caracteres de su personalidad, lo que es tan inválido como la futurología exigida.

En: Página/12

Damocles en la Justicia

Por Horacio Cecchi

Los casos más mediatizados como el de Axel López, en la ciudad de Buenos Aires, como el de Rafael Sal Lari, en San Isidro, o los de los cuatro jueces mendocinos mencionados (ver aparte) no cierran el perfil del diagnóstico acusatorio contra funcionarios judiciales que intentan aferrarse a lo que marca la ley y la Constitución. La grilla se completa con muchos nombres y marca un modelo que los especialistas denominan de control sobre determinadas líneas acusadas, sorprendente y contradictoriamente, garantistas.

Guillermo Boiero fue destituido en Río Negro por haber concedido una salida de un día y con custodia a un detenido para ayudar a su madre, a la que se le había desmoronado la casa. En Tucumán, la camarista Alicia Beatriz Freidenberg de Ferreyra fue destituida porque había concedido un traslado y durante el viaje el preso se fugó del camión penitenciario. La Corte provincial la reincorporó cinco años después.

Recientemente, se destacan los casos platenses de Luis Arias y el defensor juvenil Julián Axat, también ubicados en el ojo de la tormenta metafórica y literalmente. O los de los jueces del tribunal que llevó adelante el caso de Marita Verón, Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, quienes, más allá de las responsabilidades denunciadas, funcionan como punto final de otras responsabilidades muy anteriores, habida cuenta de que el caso lo destruyó jurídicamente la burda investigación fiscal y policial, la cobertura política y la propia Justicia desde una década antes. No se debe olvidar que el jury, como mecanismo de control, no es despreciable, sino que según los expertos falta aún describir y precisar sus límites y limar imprecisiones como la del “mal desempeño”, figura tan imprecisa como el merodeo.

La semana pasada, dos camaristas de Lomas de Zamora cayeron en la volteada. Jorge Rodríguez y Tomás Bravo, de la Sala III de Apelaciones, dejaron en libertad condicional a un joven condenado al absurdo período de 32 meses. El joven salió y mató a su vecina Marcela Márquez. No está claro que la solución hubiera sido impedir su salida hasta el cumplimiento de la condena, unos meses después. Lo cierto es que los jueces no cumplen los requisitos mediáticos: no son “garantistas”. Este mes, tal como publicó Página/12, la Casación bonaerense cuestionó severamente a Bravo y Rodríguez por aceptar el procesamiento a una madre de 18 años denunciada por la abogada de la defensoría civil pública a la que había concurrido a pedir consejos.

En: Página/12

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2 comentarios

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2 Respuestas a “Los Quijotes de la cerradura

  1. alba noemi perez saiz de naistud

    Gracias Horacio,tus artículos son tan certeros y esclarecedores que eximen de comentario.
    Abrazos,toda mi admiración.Alba

  2. Alejandro Drucaroff

    Excelente nota Horacio, la había leído en el diario, abzo

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