Luciano: Ojos que sí ven


UN INFORME DEMOLEDOR

Por Horacio Cecchi

A fines de febrero de 2009, es decir, un mes después de denunciada la desaparición de Luciano Arruga, un informe oficial del Programa Antiimpunidad del gobierno nacional había comprobado las denuncias de la familia del joven que vinculaban a la Bonaerense con su desaparición, pese a que la Justicia analizaba el caso como “averiguación de paradero”. El nombre de Torales, el bonaerense detenido ayer, no fue conocido recién ahora. Figuraba en ese informe como responsable de las torturas sufridas por Luciano. La investigación la realizó la abogada Claudia Cesaroni y la presentó como informe los primeros días de marzo.

El informe, presentado el 2 de marzo de 2009 al Programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al que tuvo acceso Página/12, se titula con el nombre del joven, “Luciano Nahuel Arruga”, y comienza sosteniendo que “desapareció el 31 de enero de 2009, en una zona límite entre Ramos Mejía y Lomas del Mirador”. Continúa señalando que “tiene 16 años, cumple 17 el 29 de febrero”, y agrega que “Vive con su mamá”.

Agrega que “Luciano tiene relación cotidiana y muy cercana con su hermana por parte de madre, Vanesa (26), que vive cerca de su casa”. Luego continúa con el último dato que se tuvo de él: “Cuando Luciano desapareció, se habría dirigido a casa de Vanesa. No la encontró y volvió para su casa. A la 1.30 del sábado 31 de enero, lo ven unos vecinos, de una panadería del barrio. Le gritan ‘¡peruano!’ (así lo llaman habitualmente), pero no contesta y sigue su camino. Es la última vez que alguien lo ve”.

Después, inicia el derrotero que va confirmando paso a paso lo que la Justicia se negó a vincular hasta la fecha, la relación directa entre la desaparición de Luciano y las detenciones previas. En 20 líneas, la abogada Claudia Cesaroni, criminóloga, autora entre otros de “La vida como castigo” e integrante del Cepoc, describió las dos detenciones previas tal como se las informó Vanesa: se refirió a la ocurrida en agosto de 2008, por “personal de calle de la comisaría de Don Bosco, un policía de apellido Pérez conocido en la zona porque hostiga permanentemente a los jóvenes, por ‘averiguación de antecedentes’”, mientras “cartoneaba” con tres amigos. También informa que en esa comisaría “le pegan algunos ‘cachetazos en la nuca’”. La segunda detención corresponde al 22 de septiembre de ese año y es la que motivó, cuatro años y meses después, la detención del ahora oficial principal Torales. A Luciano lo detienen por robar “un MP3 a dos jóvenes con los que se cruza, sin armas y sin ejercer violencia física sobre ellos”. Señala que lo mantuvieron “detenido durante diez horas en el Destacamento de Lomas del Mirador. Cuando Vanesa lo va a buscar, y mientras un policía de apellido Torales (teniente) está hablando con un fiscal cuyo nombre desconoce, preguntándole qué hacer con Luciano, que no tenía documentos, escucha que su hermano grita porque le están pegando. Ella también grita, y cree que sus gritos son escuchados por el fiscal, porque se encontraba muy cerca del teléfono”.

El dato que proporcionó el informe no se transformó luego siquiera en una pretensión de hipótesis para la Justicia. Cuando alrededor de las 20 fue entregado a su madre, los policías le auguraban, “‘Bueno, Negrito, callate porque te vamos a volver a meter’”.

En su informe, Cesaroni visitó los destacamentos de Don Bosco y de Lomas del Mirador donde había estado detenido Luciano. En este último incluso entrevistó al propio Torales que, según señala el informe, “había sido denunciado por el joven como quien le había pegado durante las horas que estuvo en el lugar”. Torales, está de más decirlo, lo niega y dijo que el chico había estado sentado y le habían dado galletitas.

El último párrafo del informe, fechado el 27 de febrero de 2009, es sugerente: aconseja a “la familia de Luciano que se presente con un/a abogado/a, porque la actuación de oficio de la fiscalía parece insuficiente frente a un caso como el presente. Además, descartan de plano la intervención policial, por lo cual esta hipótesis debería sostenerse por parte de la familia”.

En: Página/12

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