Sal Lari: Comunicado de APP


COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL CON
RELACIÓN AL JURY SEGUIDO A RAFAEL SAL LARI

La Asociación Pensamiento Penal expresa su profunda preocupación ante la decisión adoptada por el Jurado de Enjuicimiento de Rafael Sal Lari de convocar a Gustavo Posse, intendente de San Isidro, para que diga si mantiene la acusación, cuando la Comisión Bicameral había desistido del único cargo que pesaba en su contra.

Gustavo Posse supo promover desde los inicios del proceso de remociónuna disparatada campaña política y mediática en contra de Rafael Sal Lari adjudicándole, cual chivo expiatorio, las deficiencias de los tres poderes del Estado para llevar adelante una política de seguridad eficaz en San Isidro y en la provincia de Buenos Aires.

Sobre la base de argumentos propios de teorías peligrosistas y, por ende, en pugna con el programa constitucional, acusó a Rafael Sal Lari por haber concedido la excarcelación a Sebastián Bordón, imputado por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de guerra en concurso real con supresión de la numeración y resistencia a la autoridad quien, siete meses después, participó del homicidio del ingeniero Carlos Regis.

Ni la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ni la Comisión Bicameral decidieron acusar por este hecho. La excarcelación, que no había sido impugnada por la Fiscalía, había sido concedida porque no se verificaban riesgos procesales, es decir, la presunción de que Bordón habría de eludir la acción de la justica o entorpecer la investigación, únicas causales admitidas legalmente, tanto a nivel internacional como local, para habilitar la imposición de la prisión preventiva.
Por lo demás, valga destacar que el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, que juzgó y condenó a Bordón, entendió que el hecho atribuido encuadraba en una figura penal más leve: tenencia simple de arma de guerra.

No obstante, la Comisión Bicameral sí decidió promover el juicio político de Sal Lari con relación a cuatro hechos, de los cuales, sólo uno (el caso “González”), prosperó ante el Jurado de Enjuiciamiento. En este caso se lo acusó por no haber efectivizado la libertad de Jorge Luis González, cuando la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro había revocado su prisión preventiva.

El mismo día en que la Cámara había adoptado esa decisión, Sal Lari ordenó librar el oficio de rigor a la Comisaría donde estaba detenido González. Y así lo hizo la Secretaria del Juzgado. Sin embargo, a pesar que la orden también fue recibida el mismo día en la sede policial, la libertad no se concretó sino hasta que lo advirtiera el abogado defensor.

Este hecho llegó a conocimiento de la Suprema Corte bonaerense, instancia donde se encontró responsable disciplinariamente a la Secretaria del Juzgado y se la sancionó por no haber controlado que la policía cumpliera la orden del juez (expediente administrativo C.J. 342/06).

Aún con ese antecedente, se citó a las partes a juicio (artículo 37 ley 13.661), ocasión en la que la Comisión Bicameral, teniendo en cuenta que Rafael Sal Lari había sido sobreseído en sede penal, resolución avalada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, al tiempo que el Tribunal de Casación bonaerense rechazó la queja promovida por el Ministerio Público Fiscal, desistió de la acusación promovida en contra del magistrado.

El intendente de San Isidro, enérgico y apasionado promotor de la cruzada en contra de Rafael Sal Lari, a pesar de haber sido notificado, no concurrió a la audiencia. El desistimiento de la acusación que pesaba contra Rafael Sal Lari, promovido nada más y nada menos que por el único órgano que asumió formalmente el rol de acusador en este proceso (artículo 30 ley 13.661) y que concurrió al juicio, impone el veredicto absolutorio del Jurado de Enjuiciamiento.

En este marco, la decisión de convocar a Gustavo Posse, cual una suerte de “nueva oportunidad” para mantener una acusación que ventiló con inusitada vehemencia ante la opinión pública pero que, evidentemente, no se preocupó por ejercer a través de los canales institucionales de rigor, no tiene asidero legal alguno.

Pero más grave aún, constituye una dilación indebida del proceso que se le sigue injustamente al Juez de Garantías Rafael Sal Lari quien, sobran evidencias, ejerce su cargo con la convicción suficiente para poner en juego su carrera, antes que ceder a la presión política.

No podemos entonces dejar de expresar nuestra profunda preocupación por la medida adoptada por el Jurado de Enjuicimiento de la provincia de Buenos Aires, en tanto aparece como un grave riesgo para la independencia judicial.

Buenos Aires, 10 de julio de 2012.

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