Bonaerense: Una causa armada hacia adentro


SUMARIO CON PRUEBAS DUDOSAS A UN SARGENTO QUE MOLESTA EN LA BONAERENSE

Lo acusan de convocar y participar de una marcha policial de reclamo laboral, pero todas las pruebas son inventadas. La defensa acusa a Asuntos Internos de realizar tareas de espionaje ilegal y de inventar pruebas en su contra.

Por Horacio Cecchi

La Bonaerense de Casal no pierde sus mañas ni siquiera hacia adentro de sus propias Foto: Leandro Teysseirefilas. Esta vez, abrió un sumario contra un uniformado que integra o integraba un grupo policial cuya siglas, especialmente la última, enerva a las altas jerarquías: MPD, donde las dos primeras son obvias, Movimiento Policial, mientras que la última es poco menos que irreconocible, no identificable (para utilizar términos del rubro) con la fama de la Bonaerense: la D de Democrático. El uniformado, el sargento Esteban Arriada, fue sumariado por Asuntos Internos acusado de hacer declaraciones a medios referidas a críticas y reclamos laborales y de participar en una marcha que derivó luego en el acuartelamiento de diciembre del año pasado. Ni una ni otra cosa fueron probadas y las escasas pruebas aportadas para acusarlo fueron provistas por espías sin orden, fuentes anónimas y con datos no verificables. En esta nota, Arriada no fue consultado ni como Arriada, ni como “fuentes de la causa”, ni ninguna otra fórmula habitual, sino tan solo el expediente que lo acusa y su defensa.

El MPD está entre ojos de Casal aunque entre sus integrantes puedan convivir proyectos de una policía de prevención, con reclamos de mano dura, pero cuyo pedido común es democratizar la Bonaerense y la sindicalización de sus integrantes. Precisamente por esto último y porque algunos de sus miembros puedan evocar el período de Arslanian es que la persecución está a la orden del día.

En el caso de Arriada el sumario fue abierto por dos acusaciones:

1) por haber hecho declaraciones periodísticas sobre reclamos laborales y salariales, en diciembre pasado.

2) por haber convocado y participado el 12 de diciembre, a las 10 de la mañana, de una manifestación pacífica policial frente al Ministerio de Casal.

La defensa de Arriada responde con los argumentos más simples: a la primera acusación dice que “jamás dio una nota periodística para el diario Hoy”, y a la segunda, que “jamás efectuó la convocatoria a la movilización que se le imputa”.

En relación con las declaraciones periodísticas, lo que la “investigación” de Asuntos Internos llevó es una nota en la que se mencionan las clásicas “fuentes policiales”, lo que como criterio periodístico es vago o deja abierta a la confianza que el lector tenga del medio o del periodista que escriba, pero como criterio jurídico es una prueba nula por inexistente. De todos modos, cantidades de pruebas inexistentes dan origen a expedientes judiciales, las causas policiales armadas cuya costumbre, se verifica, también se plantan hacia adentro.

Los “informantes” relatan a AI que la convocatoria fue realizada por escrito por Nicolás Massi, del grupo Sipoba, y por Rubén Castillo, de Policías Autoconvocados, y que ambos informan por escrito a Scioli sobre la realización de la marcha.

La defensa de Arriada sostiene que no se aporta ningún dato que identifique al sargento imputado en la convocatoria.

Respecto de la participación en la marcha, la defensa cuestiona severamente el método empleado para reunir supuestas pruebas: dos uniformados citados como compañeros de seccional de Arriada y que dijeron haberlo visto, en realidad integran otras dotaciones; y se tomaron declaración en forma mutua, es decir, cada uno fue testigo e investigador alternativamente. La intervención de ambos no fue ordenada por Asuntos Internos, sino por un comisario y fuera del expediente, es decir que “se arrogan” una investigación “abusiva e ilegal”, “llevando tareas de inteligencia”, “sin orden de autoridad competente”. La defensa de Arriada también pidió que se informara sobre “qué orden judicial permitió fotografiar, filmar, acumular información” sobre los convocados y sobre el acusado. El resultado es el habitual: las tareas de “inteligencia” no suelen estar firmadas por la Justicia sino que suelen proveer a la Justicia el punto de vista policial previo a cualquier intervención judicial.

Y remata la acusación a los acusadores preguntándose por qué, no figurando pruebas en su contra y sí sobre otros participantes, el acusado termina siendo el sargento de marras.

En: Página/12
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