De Bolivia, jueces por voto y Sal Lari


Una información publicada por Diario Judicial me trajo cierta inquietud. Hago extensivo el tema para abrir un debate. Se trata de que los jueces en Bolivia serán electos por voto de la sociedad.
Abro la nota de Diario Judicial y luego mi opinión.

Medida histórica en la región

En Bolivia a los jueces los elige la gente; en la Argentina estamos lejos

El 9 de octubre se realizarán las primeras elecciones judiciales en Bolivia. Se elegirán en las urnas los integrantes del TSJ, el de Constitución Plurinacional, el Agroambiental y Consejo de la Magistratura. El constitucionalista Gregorio Badeni habló de esta iniciativa con DiarioJudicial.com.

Gracias a una modificación en la Ley de Régimen Electoral, Bolivia ahora podrá elegir a los jueces que integren los órganos

Diario Judicial

elecciones municipales en Bolivia 2010

judiciales de ese país: el Tribunal Supremo de Justicia, el de Constitución Plurinacional, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Según confirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ayala, esta convocatoria podría realizarse el nueve de octubre de este año.
Previo a la elección de los magistrados, los diputados bolivianos deberán realizar una preselección de candidatos a puestos jerárquicos, y según estipula la nueva normativa, deben ser aprobados por dos tercios de los legisladores. Esta primera fase tiene una duración de 60 días, en tanto la Ley dispone que en 90 días sean organizados los comicios.

El constitucionalista Gregorio Badeni, en declaraciones a DiarioJudicial.com, aseveró que “una medida semejante implica politizar el Poder Judicial, ya que en el futuro los magistrados se van a ver afectados por la opinión de las personas que los van a votar. Por eso sus decisiones serán parciales y medidas según lo que él considere que pida la gente y no en sus conocimientos vertidos objetivamente a la hora de realizar una sentencia”.

Si bien los postulantes no se presentarán en el marco de partidos políticos, Badeni piensa que “los magistrados van a obrar con criterio político para seguir en el cargo. La politización del Poder Judicial es nefasta”.

También planteó qué sucedería en Argentina. “Aquí se presentaría el mismo problema: la politización de los magistrados sería inevitable. Si hoy algunas personas se agravian por las decisiones de jueces federales que fallan de tal forma para mantener su cargo, habría que imaginar que pensaría la gente si ese juez hiciera lo mismo pensando en sus posibles votantes”. Precisó además que “en nuestro país un debate como este jamás llegó a Comisiones legislativas, se ha tratado mayormente en ámbitos académicos y teóricos”.

Actualmente en Bolivia, la mayoría de los organismos judiciales están compuestos por jueces designados por el Poder Ejecutivo. Con esta elección, se elegirán cargos para todas las jurisdicciones del país, entre más de 120 postulantes.

La iniciativa también afirma que un 50% de los preseleccionados deben ser mujeres, y que además debe contar con la presencia de magistrados de origen indígena. También es requisito que los interesados tengan ocho años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, así como también tienen que haber sido docentes universitarios.

Asimismo, la Ley asegura que “los medios audiovisuales de comunicación del Estado Plurinacional deberán disponer espacios para la difusión, por parte del Tribunal Supremo Electoral, de los datos personales y principales méritos de los postulantes. El Tribunal Supremo Electoral incluirá en el presupuesto del proceso la partida correspondiente para cubrir los costos de esta difusión”.

A pesar de que la iniciativa es sumamente inusual, algunos países cuentan con un sistema similar. En Japón, por ejemplo, desde 1947 la gente ratifica o rechaza la elección de ministros de la Corte Suprema, que son seleccionados por el Poder Ejecutivo. Luego, son estos magistrados los que realizan la elección de los miembros de los tribunales inferiores.

En Estados Unidos la situación es más compleja. Si bien más del 80% de los magistrados son elegidos por voto popular, no todos se someten a tal instancia. Además, en ese país también hay algunos estados en los que la votación no se da para acceder al cargo pero si para mantenerse en él.

En: Diario Judicial

Mi opinión y abro al debate de quien quiera participar

Desconozco como es la situación y las costumbres en Bolivia. Si bien la nota de DJ da lugar a Badeni que echa por tierra la practicidad de su aplicación en Argentina, la edición de la nota me preocupa. Señala en su volanta que es una “medida histórica” y en el título que “estamos lejos”. Ambas enunciaciones dan una connotación de favoritismo y apoyo a la medida, está presentada como un festejo. Si bien podrá ser cierto que sea una medida histórica (lo desconozco) y que estemos lejos (en intencionalidad), ambos enunciados son altos calificadores. Qué pasaría si editara diciendo “Una medida sin historia en la región” y titulara como “… Argentina es distante”.

Si lo refiero a nuestro país, el hecho no me produce ninguna alegría. Elegir a los jueces por voto es transformarlos en extremidades del poder político, y se les podrá reclamar por no cumplir con las expectativas.

Si ahora, que son elegidos mediante mecanismos de concurso y selección de los otros dos poderes, son presionados por simples reclamos insuflados por los medios, no quiero pensar cuántos Sal Lari habría en caso de que quede habilitada la función reclamo.
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11 comentarios

Archivado bajo Noticias, Opinión

11 Respuestas a “De Bolivia, jueces por voto y Sal Lari

  1. esteban

    Manzini decía, con razón que “cuando la política entra por la puerta la Justicia se escapa por la Ventana”.
    Los jueces deben ser elegidos por 1) su integridad moral (lo que asegura su mparcialidad e independencia del poder de cualquier naturaleza: político, económico, sindical, racial, religios, de las masas o las minorías, etc.) y honestidad (que no tenga en su haber conductas ilícitas); 2) virtudes humanas mínimas -pues nadie quiere ser juzgado por quien carezca, por completo, de las mismas o que tenga más vicios que virtudes-; 3) su salud psicofísica (un enfermo psicologico o psiquiátrico no puede ser juez ni funcionario público en cuyas manos esté el destino del pueblo y sus derechos) y 4) su idoneidad técnica (nadie quiere ser juzgado por un ignorante del derecho y de las garantías que la Constitución fija para evitar los abusos de poder contra los ciudadanos, o por quien es capaz de torcer la ley para satisfacer sus caprichos o los de aquellos que lo controlan).
    Estos requisitos no pueden asegurarse si para ser juez hay que salir a hacer campaña a fin de captar votos que aseguren su éxito, pues todos sabemos que en ese procedimiento se fomenta la la venta de la propia imagen, no siempre veraz, de portador de aquellos valores.
    Siempre será preferible un sistema en el que intervengan los otros dos poderes y el mismo Judicial y el pueblo que garanticen un modo de control mínimo de aquellas exigenicas.
    Esteban

  2. Suele decirse que estamos pasando un momento de “administrativización” del derecho penal. Con ello quiere significarse que el DP va “siguiendo” las necesidades del ejecutivo.
    Someter la designación de los jueces a la votación popular sería una manera de profundizar ese proceso de sometimiento a los vaivenes del requerimiento político del momento.
    He tenido oportunidad de ver las boletas de candidatos al puesto de Juez en el estado de California. En ellas, los postulantes describen cuáles son las organizaciones que los apoyan (policías, bomberos, autoridades administrativas, vecinales, ONGs, etc.) y su programa “político criminal”: seré duro con los delitos contra la integridad sexual, impondré fuertes condena a narcotraficantes, etc. Cuando se trataba de alguno que iba por la “reelección” se incluían datos como la cantidad de casos resueltos, la “media” de penas impuestas y declaraciones de operadores que indicaban las “bondades” de mantener a SS en el cargo…
    Habría muchas razones más que seguramente podrían enunciarse para estar en contra de este tipo de iniciativas, pero las anteriores bastan.

  3. Luis Niño

    Concuerdo plenamente con las opiniones que me han precedido. El Poder Judicial es -debe ser- el poder contrafáctico por excelencia, el que se distancie de las mayorías políticas coyunturales, el que elabore esas normas individuales llamadas resoluciones o sentencias valido solamente de la guía dogmática de la Constitución y el bloque de constitucionalidad y del método exegético para examinar esas normas generales llamadas leyes para seleccionar la aplicable en cada caso. Y debe hacerlo con independencia externa e interna. Exponer su designación o su continuación en el cargo a los vaivenes del voto directo, claramente influenciado por los medios de difusión en una sociedad de masas, pone en riesgo esa independencia. Esto es particularmente claro en materia penal. Hay claros ejemplos en países del área que adoptaron esa medida, en los que la judicatura, durante décadas, quedó en manos, alternativamente, cada cinco años, de los abogados adscritos a uno u oro de los partidos componentes del clásico bipartidismo latinoamericano.

    • Mantener a los jueces alejados de las mayorías coyunturales nunca ha sido un problema en Latinoamérica: lo que nunca se logró es despegarlos de las minorías dominantes…

  4. Gracias Horacio por ponernos a discutir en tu excelente blog. Como bien advertís, DJU siempre sesga la información, pero normalmente a favor de la familia judicial (me han dicho que el fuero Penal Cómico está muy bien representado allí). Creo que en este caso lo hace para asustar e irritar a su público principal (los jueces y los que quisieran serlo) y ciertamente lo logra.
    Vamos por partes: Bolivia está en un proceso de reconversión estatal muy profundo, y la faz judicial es especialmente compleja. Recomiendo oir el podcast http://www.podcaster.cl/2010/05/ceja-y-la-actualidad-judicial-7/ que nos permite asomarnos (desde un discurso no habitual, pero en la voz de un experto acreditado) a una realidad que no es la nuestra.
    Dejando el problema contextual, hay otro sesgo equívoco: no se está hablando de jueces de primera instancia, ni de jueces penales. La integración electiva apunta a tribunales MUCHO más políticos y MUCHO más dominados por los ejecutivos de turno que los que se están discutiendo en este blog. O sea, sospecho que la elección popular permitirá democratizar las decisiones constitucionales (no se asusten: casi todos los Tribunales Constitucionales europeos y americanos son profundamente políticos) y otras en el nivel macro, y no implantar demagogia manodurista a lo yanqui. como muy bien describe Marcelo
    Por otro lado, hoy TODOS los jueces son elegidos por acuerdos entre los grupos dominantes (iglesia, grupos empresarios, partidos políticos, establishment académico, familia judicial), y encima de por vida. No veo que haya mucha diferencia, y si la hay, será en favor de los cargos temporales y la expresión democrática del pueblo.
    Miren las realidades de todos nuestros países: los consejos de la magistratura no han dado soluciones de fondo, no han eliminado la puja política ni la elección a dedo, ni han cambiado demasiado el perfil de la judicatura respecto de lo que había, ni han asegurado ninguna de las 4 condiciones que propone Esteban (y que yo honestamente no tomaría como palabra santa)
    Igual, no quiero jueces electivos en la Argentina, sino JURADOS POPULARES, como manda la Constitución y todo el derecho penal liberal. No se olviden que Francesco Carrara decía que el jurado popular es uno de los cuatro pilares de la democracia, y abominaba de los “jueces a sueldo del gobierno” como provocativamente llamaba a todos los jueces de carrera.
    Y por último, Esteban, guarda con las citas. Posiblemente no sepas que Vincenzo Manzini fue el gran teórico del derecho penal fascista, coautor del Código Penal de 1930 y perdurable envenenador del derecho procesal penal hasta nuestros días. Así que él sí sabía de lo que te asusta. La descalificación de la política es una consigna fascista, y va en contra del ideario liberal de la Revolución Francesa, que es -justamente- uno de los puntos más altos de la política.

    • Bueno Guillermo, interesantísima la información que proporcionás. Profundiza y creo que cambia el eje del debate. Sospechaba, sin saberlo con certeza, que la realidad de Bolivia en relación a la justicia debía tener parámetros propios, diferentes a los nuestros. No sabía que se trataba de otro tipo de jueces y tribunales. Tampoco conocía los detalles sobre DJ. Agradezco la información que siempre podré utilizar para contextualizar. De todos modos, queda el planteo sobre el papel de los medios. De hecho, DJ cumple esa función y fijate cómo edita (bueno, ya lo sabemos todos, como cualquier medio). Respecto a los jurados populares, como lego, y sin estar a favor ni en contra por mero desconocimiento, sé que es un proyecto de avanzada y también que hay debate al respecto. Escuché a Rafecas en un reciente seminario de ASD decir que el momento no era el más indicado para incorporarlo. Desconozco cómo es ese contexto y en qué incide. Imagino que debe tener que ver con la presión mediática y cuestiones como el caso de Sal Lari. En fin, me parece que es bueno debatirlo.

  5. jose

    La verdad es que la noticia preocupa, pero no es menos cierto que la realidad del proceso de selección vigente no es menos preocupante. Totalmente de acuerdo con ilustrada e ilustrativa la opinión de Guillermo.

  6. Horacio, en lo personal, agradecido por ponernos a pensar y debatir sobre este tema.

    En lo básico, concuerdo con la opinión de Guillermo, en el sentido que no hay que tenerle miedo a la politización de la justicia (que no es lo mismo que partidización), ya que lo cierto es que los jueces hacemos politica a cada momento, y hace a la concepción democrática del republicanismo que la ciudadanía pueda participar de la configuración de este poder (el menos democrático de los poderes), ya sea como jurados, ya sea participando en la selección de los jueces.

    Todos aquellos espacios que abandona la ciudadanía, por las buenas o por las malas, son ocupados por los factores corporativos de poder, y ante una opción o la otra, no dudo en quedarme con la primera.

    Muchas gracias por la oportunidad

  7. Luis Federico Arias

    Querido Horacio: he participado de muchos debates sobre esta interesante cuestión. He aquí mi modesta opinión: el debate sobre la “politización” de la justicia es un tanto estéril, puesto que los pronunciamientos judiciales carecen de neutralidad, es decir, son en cierto modo políticos: la ley -que es un programa político con supuestos ideológicos explicitos o subyacentes- admite varias interpretaciones; hay varias racionalidades posibles y distintas soluciones igualmente válidas en el ámbito del derecho, que pueden adoptarse según el posicionamiento ideológico del juez. En definitiva, la verdad jurídica objetiva no existe o, de un modo más preciso, existen verdades relativas diversas, sin que esto implique una postura nihilista, o un realismo extremo, al punto de afirmar -como se ha hecho- que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Para ilustrar lo que digo tomemos por caso la situación de un automovilista que relaclama ante la justicia por el derecho a circular libremente frente a un piquete. El juez puede hacer valer ese derecho individual frente otro de carácter social, como es de manifestar libremente, o a la inversa. Desde un punto estrictamente formal, ambos modos de decidir estos derechos en colisión, con la fundamentación debida, pueden ser válidos desde el punto de vista jurídico.
    Ahora bien, la relación de los jueces con el poder político es otra cosa distinta y también depende, en gran parte, de la ideología del poder que sustente el magistrado y sus intereses. Por su parte, no hay que perder de vista que los jueces formamos parte del poder del Estado, y que para acceder a la magistratura -en nuestro sistema y en la mayoría del mundo occidental- es necesario entrar en “sintonía” con la lógica corporativa del poder político, auque luego, en el ejercicio de la función, se adopte otro comportamiento más independiente. En defintiva, quienes afirman que la elección popular de los jueces implica “politizar” la justicia, desde una posición de supuesta neutralidad, adoptan una postura impregnada de cierto cinismo o hipocresía.
    Pese a lo expuesto, entiendo que el sistema de elección popular no es plausible, puesto que el poder judicial es contramayoritario, es el espacio donde las minorías sociales, sexuales, raciales, etc. pueden reclamar sus derechos, y esto implica que los jueces debamos actuar, en muchos casos, como un contra-poder. Mas ello no implica soslayar la necesaria participación popular en la elección de los magistrados, puesto que hoy constituye un imperativo impuesto en todos los ámbitos estaduales por la Convención de la ONU contra la corrupción, que la exige como medida preventiva. Esto puede lograrse a través de la elección de un consejero popular, tal como sucede en la Provincia de Chubut, o mediante audiencias públicas u otros tipos de consultas amplias e informales a todos los sectores interesados, como se ha implementado -a mi modo de ver exitosamente- con la elección de los jueces de la Corte Suprema durante la gestión de N. Kichner. Creo sinceramente que éste es el camino que debemos profundizar.
    Estas formas de participación, que no implican dezplazar el poder de decisión de los órganos constituidos, deben ir acompañadas de la mayor cantidad de restricciones posibles a la discrecionalidad del poder político, para que la selección se sustente sobre bases objetivas (puntaje por antecedentes, orden de mérito, etc.), todo lo cual, disminuirá su injerencia, pero no garantizará la designación de jueces probos, puesto que ello depende de un compromiso personal con la función, un aspecto subjetivo, muy difícil de evualuar en esa instancia.
    Como sabrás, yo he sido muy crítico con la actividad del Consejo de la Magistratura en la Provincia de Buenos Aires, e incluso, por esa razón, he sido acusado por el diputado oficialista Lorenzino Mata -con actuales funciones en el Ministerio de Justicia y Seguridad- ante un jurado de enjuiciamento, que recientemente ha desestimado su presentación, después de dos años de proceso.
    Por esa razón también, también me preocupado en desarrollar un anteproyecto de ley para la reforma de ese órgano, conjuntamente con destacadas personalidades del ámbito académico, para plasmar los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, orden de mérito y participación social en la designación de jueces y magistrados. Pero la corporación política pudo más: el anteproyecto, presentado hace más de dos años, nunca fue tratado por ningún legislador, ni del oficialismo, ni de la oposición.

    • Grandes verdades, Luis. Y te subo la apuesta: las decisiones de los jueces penales son SIEMPRE MUY POLÍTICAS: ¿o acaso la decisión de aplicarle a un ciudadano el más terrible poder del Estado -enjaularlo, quitarle la intimidad, segregarlo de los suyos, hasta privarlo de derechos electorales y patrimoniales- no es un ejercicio de poder, ergo, un acto POLÍTICO?
      Lo que pasa es que detrás de la conveniencia de que los jueces no pertenezcan a las estructuras de los partidos políticos ni hagan declaraciones públicas de adscripción a ningún partido político (lo que no les impide pensar y tomar opciones personales, claro), se esconde la supuesta “apoliticidad” del Poder Judicial.
      En otros países no tienen ningún empacho en decir con total franqueza de qué proveniencia política es cada juez, y se ahorran la hipocresía local.
      Creo que saber desde dónde habla cada cual, es un derecho ciudadano, y tendríamos que pensar en alguna evolución a este respecto.
      Por cierto, me encantaría acceder a tu proyecto de reforma al CM, si podés, mandámelo a gnicora(arroba)gmail.com.

  8. Nicolas sayan

    Reformar el poder judicial es una deuda pendiente de la democracia. La sagrada familia argentina y el poder economico manejan de hecho estos poderes. Eleccion por voto directo a la Corte Suprema de justicia y los jueces federales seria un avance de nuestro sistema democratico!!!!!

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