Sal Lari: Suman su apoyo los abogados de AJUS


Recibimos más apoyos y defensas de la gestión de Rafael Sal Lari, juez de Garantías curiosamente acusado de “garantista”.
En esta ocasión, los abogados nucleados en AJUS (Abogados por la Justicia Social) de La Plata, Ensenada y Berisso redactaron un comunicado donde sientan posición. Antes habíamos publicado la posición del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro.

El juez Sal Lari y el muro del intendente Posse

¿Qué es lo que tienen en común la inciativa de levantar un “muro” para dejar a los “indeseables” y “peligrosos” del otro lado, con el Jury al Juez de Garantías Rafael Sal Lari?

La respuesta es sencilla.

Ambas gestiones responden a una misma forma de pensar la sociedad, la política y la seguridad ciudadana.

También coinciden en que fueron impulsadas por el mismo funcionario, el intendente de San Isidro Gustavo Posse, y casi simultáneamente.

Gustavo Posse, intendente del muro

La construcción del muro que pretendía separar las localidades de San Isidro y San Fernando para evitar el “corredor de delincuentes” y de paso impedir el acceso a los vecinos de San Fernando a los servicios escolares y sanitarios (La Nación 8/4/2009) concitó innumerables y duras críticas de la sociedad civil y política democráticas, y eso por expresar una manifestación violenta, discriminatoria y de exclusión social, tristemente emparentada con lo acontecido en Berlín, Gaza o aquí mismo durante la Dictadura (arrasando y tapiando las villas). Incluso la presidenta y el ex presidente Néstor Kirchner deploraron una actitud tan deleznable. Lo cierto es que también despertó el entusiasta aplauso de los sectores más autoritarios y/o más desprevenidos, que se inclinan por las supuestas soluciones fáciles o casi-mágicas y el apuntalamiento del estereotipo del “pobre-negro-peligroso-delincuente”, de ese que tiene “cara de expediente” en términos del Dr. Zaffaroni.

La noticia fue devorada por sucesión de otras noticias. Sin embargo, la idea que le dio vida sigue vigente en muchos sectores y además continúa dando frutos.

El más candente de ellos es el intento de destitución por juicio político al juez Sal Lari, que promueve como querellante el mismísimo intendente, y esto no es casualidad.

Es gravísimo el ataque injusto e inmerecido a un magistrado honesto y capaz por el solo hecho de  aplicar la constitución (eso es lo que se le reprocha). En ese sentido vale recordar que la custodia de las garantías constitucionales en el proceso es obligación asumida por el estado argentino ante la comunidad internacional mediante múltiples convenciones. Ese deber implica –entre otras cosas- que no se adelante la pena a un momento anterior a la condena en juicio; que el encierro previo a ella sólo se justifique en el entorpecimiento probatorio o el peligro de fuga del imputado; y que no es función de la “prisión preventiva” evitar la comisión de nuevos delitos: para eso es la “actuación preventiva” general de la policía o, en todo caso, el “tratamiento penitenciario” de los condenados. La fantasía de la “seguridad absoluta” no sólo es irrealizable sino que el camino de su imposible consagración lleva necesariamente al avasallamiento intolerable de la libertad y la intimidad de los ciudadanos (para ilustrar esto recuérdense la novela “1984” de Orwell o la película protagonizada por Tom Cruise “Minority Report”, traducida al castellano como “Sentencia previa”).

Pero el tema es mucho más grave si se advierte que, en realidad, mediante este ataque concreto lo que se intenta es dar un golpe por elevación a todo el poder judicial:  busca disciplinar al resto de los jueces con la amenaza velada de sufrir injustas acusaciones si se “aventuran a cumplir con la constitución”, si no se dejan manipular por los discursos de “mano dura” fogoneados por los sectores más reaccionarios.

El “muro” que se intenta levantar ahora es mucho más peligroso que aquél otro que salió en todos los medios hace, justito, dos años.

Es un “muro simbólico” que se quiere legitimar en el imaginario de toda la sociedad y reforzar en la cabeza de los operadores judiciales,  especialmente de los jueces, para que sea habitual y además resulte bien visto el desconocimiento de los derechos humanos de los “sospechosos de siempre”.

Tampoco es casual la oportunidad en la que la pretensión de Posse y sus aliados ideológicos se abrió lugar en la agenda institucional y mediática. La situación adquiere una dimensión inusitada en un momento en el cual desde el Ministerio de Seguridad de la  Nación conducido por la Ministra Nilda Garré se está diseñando y ejecutando un nuevo paradigma de seguridad democrática, marcado por un claro sentido de la función de las fuerzas de seguridad al servicio de las necesidades de la población, con elaboración de protocolos democráticos de actuación, la defensa de los derechos humanos y la participación comunitaria. En suma, tiempos de reivindicación del poder por parte de los órganos políticos del estado para definir objetivos y procedimientos de la política pública, en el marco del proyecto nacional y popular en marcha.

Lejos de ser paradojal, la pugna exhibe, nada más ni nada menos, que la expresión de la conflictiva disputa de dos modelos de país, visiones profundamente ideológicas, acerca de cómo se gestiona la seguridad, la convivencia y la política. También muestra la dolorosa pervivencia de discursos y prácticas autoritarios, prejuiciosos y esencialmente antidemocráticos frente a los que no se puede permanecer indiferente.

AJUS- Abogados por la Justicia Social- La Plata, Berisso y Ensenada- Área DDHH y Seguridad Democrática

ajus.laplata@gmail.com

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