Cámara Segun(da) (d)el Crimen de Bariloche (II)


A propósito de la aplicación de la justicia según sean amigos o no de los camaristas de Bariloche, recibí una opinión del renombrado especialista Roberto Bergalli que publico en este post porque creo que acierta en la médula del asunto. El texto:

MÁS AVATARES EN LA JURISDICCIÓN DE RIO NEGRO

Roberto Bergalli (*)

La tentativa de llegar al fondo de los sucesos que motivaron una anterior intervención (cfr. Hijo’e tigre, 5.VIII.10) en Página/12, por parte del juez Martín Lozada en la jurisdicción penal de Río Negro, promete otros avatares. En efecto, ha de recordarse que Lozada –quien investigó la muerte de Diego Bonefoi  por disparos de arma de fuego atribuibles a un funcionario policial- fue severamente criticado por algunos miembros del Consejo de la Magistratura provincial, también por haber insistido para que un hospital local  practicara la interrupción del embarazo de una joven repetidamente violada por familiares, a los que algunos médicos se negaron alegando una objeción de conciencia. Ahora, en la causa en que investiga el fallecimiento de dos jóvenes en los “barrios altos” de Bariloche (lo cual no supone bienestar e inclusión social de sus habitantes, sino todo su contrario), en el mes de junio de 2010, el juez ha dispuesto escuchar en declaraciones indagatorias al Secretario de Seguridad, Víctor Cufré; al Jefe de la Policía de la Provincia de Río Negro, Comisario General Jorge Villanova; al Jefe de la Unidad Regional nro. III con asiento en Bariloche, Comisario Mayor Argentino Hermosa; al Subjefe de la citada unidad, Comisario Inspector
Veroiza; y,  al jefe de la Comisaría 28°, Comisario Jorge Carrizo.

Ello así pues, ante los datos reunidos en la causa,  existe la presunción que los disparos causantes de esas muertes fueron disparadas por personal policial que intervino en la represión de la protesta social acaecida en esa área, pero que no ha sido posible identificar.  Los funcionarios citados no han concurrido a la convocatoria del juez y la defensa, ejercida por el abogado de todos ellos, Mario Altuna, quien es el letrado de la Policía de la Provincia de Río Negro en esta ciudad, solicitó suspender las audiencias hasta tanto pudiera “leer el expediente”.  Una vez que así lo hiciera,  sostuvo el letrado,  el juzgado debía fijar nueva fecha para tales indagatorias.

Dentro de las prácticas procesales usuales en el ámbito penal, y  no sólo las de la de la jurisdicción rionegrina, los jueces de instrucción disponen de un cierto arbitrio para dar a conocer a sus defensas las imputaciones que pendan sobre procesados, lo que siempre acontece en el propio acto de sus indagatorias. En consecuencia, la objeción alegada por el defensor en cuestión no era más que una triquiñuela empleada no sólo para dilatar la comparecencia de sus defendidos, sino y asimismo para dejar ejercida una presión sobre el juez a quien presumiblemente deberían preocupar tamañas dilaciones cuando, por sobre todo, vienen de parte del poder policial de la propia provincia. Por lo demás, existe una regla del Código de Procedimientos de Río  Negro que sólo autoriza a quienes son partes en una causa criminal a revisar el expediente únicamente después de cumplida la declaración indagatoria del acusado.

En consecuencia, la objeción planteada por la defensa está impidiendo la profundización de la investigación orientada a individualizar por fin el autor o autores de los disparos que sesgaron la vida de aquellos jóvenes y que debe presumirse se efectuaron con balas de fuego, es decir con la intención de herir o provocar otros daños, lo cual pondría en tela de juicio la supuesta voluntad de contener o ahuyentar manifestantes que eventualmente podría(n) alegar el o los acusados a quienes corresponde individualizar, en el caso que los altos funcionarios policiales convocados por el juez Lozada se presentaran a declarar y aportasen datos que ayudarían en semejante individualización. Lo que a todas luces se revela es, por lo tanto, una tentativa de obstaculización de la acción jurisdiccional, la que partiendo de una defensa letrada de los más elevados funcionarios policiales de la provincia, conspira contra la acción de la administración de justicia. Todo este accionar no es con seguridad ni leal, ni mucho menos está constituida por comportamientos legales. Más bien, han de estar contemplados en algunos tipos penales que protegen el bien jurídico constituido por el regular accionar de un poder estatal, en concreto la administración de la justicia penal..

Debería pensarse que la actuación de la defensa y de los mismos citados a declarar estaría buscando una forma de impedir o dificultar que los procedimientos penales avancen en el sentido de agravar las situaciones de los eventuales imputados. Ello estaría dentro de los límites de una defensa más o menos regular. Pero, tratándose de unas muertes provocadas por personal policial lo que menos puede sustentarse es que el presunto encubrimiento de autor o autores de hechos realizados en abuso de autoridad, pudiera ser objeto de disimulación u ocultamiento por los más encumbrados funcionarios de la fuerza policial y su defensor. Se trata, por tanto, de algo más que ardides o artimañas de la defensa y no habría que extrañarse que de esta resistencia a colaborar con el accionar de la jurisdicción, emergiera una posterior acusación al juez Lozada, tal como aconteciera en ocasión precedente, cuando el Consejo de la Magistratura provincial, controlado por dos de sus miembros (uno como presidente del organismo, el otro como juez de la Cámara Segunda del Crimen) de mismo apellido Ramos Mejía pretendió la sanción del juez Lozada, arguyendo que este magistrado se había extralimitado en su competencia al ordenar la interrupción referida de un embarazo.

Mas, he aquí que el juez Lozada, demostrando una gran amplitud de criterio, ha concedido el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los jefes policiales convocados a declarar y en el día inmediato la Cámara Segunda del Crimen de la provincia ha procedido a declarar inconstitucional el aludido art. 189, disponiendo que las partes puedan tener acceso a todo el expediente pues, de otro modo, quedaría limitado la posibilidad de su examen por las partes involucradas en el mismo (v. Diario de Río Negro, 17-02-20120, en http://www.rionegro.com.ar)..

¿Puede alegarse que el juez Lozada se haya excedido en el ejercicio de su jurisdicción y que más bien esté enquistado en actitudes arrogantes, incurriendo en actos de puro protagonismo judicial (fenómeno bastante habitual en Argentina o en el exterior, cuando las administraciones de justicia revelan endeblez frente a poderes o intereses que superan los propios del poder del Estado), lo cual no agradaría, para el caso concreto, a ciertas instituciones o conspicuos miembros de otros poderes del estado provincial? O, más bien, ¿no será que esas instituciones actúan controladas por ciertos intereses locales que ven peligrar las utilidades o beneficios que se obtienen bajo el amparo de los poderes políticos o corporaciones profesionales y se ponen “nerviosas” cuando un magistrado judicial ejerce en plenitud su competencia y la emplea en la protección de los débiles y los desamparados?

Corresponde mantenerse atentos a los avatares que se registren en esta investigación judicial de la provincia rionegrina, la cual, como casus belli entre intereses sociales contrastantes, puede devenir en una crisis de poderes políticos, quizá alentados por motivos espurios que se mueven en el interior o por detrás de las propias instituciones públicas.

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(*) Roberto Bergalli es profesor titular jubilado de Sociología jurídico-penal en la Universitat de Barcelona (Catalunya), España.

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