Los compromisos de Casal


El viernes 4, la ministra nacional de Seguridad, Nilda Garré, marcó el paso de cómo se debe encarar la política de seguridad: “Hay que terminar con el autogobierno de las fuerzas policiales” dijo en el discurso de apertura de las clases de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal. Es un gesto político de contundencia porque no lo hizo ante los medios sino ante quienes serán los próximos uniformados federales y sus actuales jefes. Además de un gesto simbólico es la referencia verbal de lo que empezó a hacer en su gestión y lo que propone para delante. En esa línea debe inscribirse la decisión de sostener la orden del juez Rafecas en el club Albariño; el pase a disponibilidad de los uniformados que dispararon en el Indoamericano; la disponibilidad del comisario de la 11ª por un robo cometido en Almagro. El fin del autogobierno policial no quiere decir solución inmediata. Precisamente, Garré demostró que está alejada de responder espasmódicamente a los reclamos ya! que llevan indefectiblemente a políticas de mano dura (o forman parte del mismo sistema). Es llamativa la escasa repercusión que tuvo el discurso de Garré en la prensa vidriera de la mano dura.

Una semana antes, el 25 de febrero, el ministro plenipenitenciario bonaerense, Ricardo Casal, supuesto par de la ministra Garré, recibió a los padres de Lucas Rotela, asesinado por el policía de la Comunal Bonaerense de Baradero, Gonzalo Kapp. En la reunión, el ministro además de comprometerse a avanzar en la investigación y acompañar a la familia, señaló que “es importante trabajar junto con los vecinos de Baradero para reconciliar a los jóvenes con las instituciones de seguridad y buscar respuestas coordinadas para la superación de conflictos que puedan presentarse”, tal como figura en la página del gobierno bonaerense (ver aqui) La distancia entre los gestos como símbolos de una política efectiva, y los gestos pour la gallerieEl Ministro Casal, representación de la mano dura aggiornada son elocuentes: el resultado podría decirse que fue inmediato. En términos coloquiales podría decirse que otra vez se fue de boca.

El 26 de febrero,  tres policías desde la impunidad de un patrullero en Baradero amenazaron a Maka, de 16 años, la hermana menor de Lucas Rotela, asesinado por la espalda por el policía Gonzalo Kapp. Lo que le hubieren dicho –que erróneamente se califica como obscenidades cuando en realidad se trata de una amenaza sea cual fuere la mujer víctima– tratándose de Maka, y de policías cuya capacidad destructiva está en directa relación con el amedrentamiento que provocan a la sola vista, es concretamente una amenaza.  El propio padre de Lucas y Maka, Miguel Rotela, dijo a la radio E99 que no le parecía una casualidad (ver la nota completa acá).

Ambas caras de cómo se identifica el problema de la inseguridad delictiva y cómo se la resuelve no son independientes ni caídas del cielo. Responden a decisiones políticas superiores. Garré no podria tomar tales decisiones si no tuviera el respaldo de CFK.

Casal tampoco es un sapo de otro pozo: Scioli lo sostiene y está comprometido con su política de mano dura. En las antípodas del discurso de apertura del período legislativo nacional de CFK, Scioli sostuvo ante la Legislatura bonaerense a Casal con un fuerte respaldo. ¿Se hará cargo ahora como lo prometió en su discurso de apertura hace 4 días?

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6 comentarios

Archivado bajo Opinión

6 Respuestas a “Los compromisos de Casal

  1. Lucia

    Creo q el estado nacional y provincial se acuerdan de lxs jovenes cuando se trata de un delito, no se acuerdan de ellxs cuando votan el presupuesto ni cuando firman tratados de dd hh. Y en este tema veo que tanto nacion y provincia concuerdan en bajar la edad de imputabilidad , como si lxs jovenes fueran lxs culpables de la inseguridad.
    Somos lxs adultxs lxs responsables de garantizar los derechos de lxs jovenes.
    Lula en Brasil veto la baja de edad de imputabilidad, veremos que pasa mañana en argentina, claramente no es un tema sencillo y requiere de tiempo y madurez para el debate cosa que en un año electoral es riesgoso.
    ojala nuestrxs legisladores esten a la altura de las circunstancias…

    • Acuerdo contigo Lucía y gracias por opinar. De todos modos me parece que no se puede comparar la actitud de uno y otro gobierno. No sólo por las asignaciones que se incrementaron, y la cantidad de posibilidades que se abren a la infancia y la juventud en la instancia nacional, que en la provincial ni siquiera existen. Además, no me parece que sea el mismo concepto el que tiene el gobierno nacional sobre la intervención del Estado en lo social que la que tiene el gobierno bonaerense, que vuelca su esfuerzo en la intervención punitiva. Esta diferencia me parece clara como el agua.
      Claro que no quiere decir que en todo el gobierno nacional se tenga claro cómo tratar el problema de la infancia y adolescencia en muchas aristas. El problema de la edad deja en claro la dificultad de comprender que hay en el gobierno y fuera de él también: en el propio progresismo se instaló el debate, y hay gente intachable (y otra no tanto) que defiende, erróneamente, la baja de la edad como si eso protegiera legalmente a los que ya de hecho son detenidos por pobres.
      Creo que la dificultad, y por eso coincido con vos Lucía, es que el problema más que de un gobierno u otro, en lo profundo, es que es la mirada de los adultos la que patina.

  2. Horacio, gracias por tus notas, en general comparto tu mirada de la realidad.
    Me queda la intriga habitualmente de qué es lo que ocurre en la Provincia de Buenos Aires con la Secretaría de Derechos Humanos. Dejando de lado a Sara Dorotier por su trayectoria, el organismo no es más que un antro de corrupción y malversación de fondos públicos, y a la vez es una máquina prolija para silenciar y ocultar cada situación de violación grave de derechos. Ni siquiera hablo de las deficientes políticas de derechos en materia social, económica o cultural del gobierno provincial. Tampoco intervienen en las más obvias como el sometimeinto a servidumbre de los “desaparecidos” de las instituciones psiquiátricas, las torturas habituales de los presos del SPB o de las comisarías. Nada.
    Y da la sensación de que ningún medio se inquieta por la ausencia de la Secretaría de DDHH de la Provincia. En los medios, su lugar lo ocupa el Comité contra la tortura, que pareciera estar despertándose lentamente de la larga siesta que lleva ya algunos años.
    ¿ Acaso existe un acuerdo tácito, o expreso de silencio a favor de los y las funcionarios (as) que viven lavándose las manos y llenando bolsillos familiares?
    Un gran saludo
    Pedro

    • Pedro, no sabría contestarte sobre la Secretaría de DDHH provincial.
      Sólo que no estoy de acuerdo en lo que opinás sobre el Comité Contra la Tortura.
      En la provincia el CCT llevó y lleva adelante desde su creación acciones directas y concretas: intervino en el primer caso de tortura registrado y denunciado con proceso y pruebas de picana en democracia, el caso Toledo, fue decisivo en el incendio de Magdalena, logró la clausura de cantidad de pabellones, visitó todos los días unidades y tomó denuncias de presos in situ en un ritmo que ningún funcionario judicial podrá decir que siguió (siendo su obligación) porque sería mentira. Y me olvido de miles de casos de relevancia, y otros tantos que no le importaría a nadie salvo a ellos y a los presos. Entre el 2000 y el 2004 aprendió a intervenir sin ayuda de nadie y con todo el sistema carcelario y político gubernamental de la provincia en contra y a partir de ese año se transformó en el eje y la lupa de las políticas de aplicación de los ddhh en las cárceles. Sus informes anuales que son utilizados como fuente de datos y bibliografía, son mucho más completos que los inexistentes de parte del Estado. No recuerdo que hayan tenido tiempo para dormir una siesta.

  3. Abel

    Por favor no se olviden del plan de destruccion de la justicia independiente. Casal comete barbaridades nombrando jueces y fiscales solo a quien proponen los intendentes sin reparar en su idoneidad. Caso Pergamino (la mujer del intendente camarista penal) Caso Balcarce (la hija del intendente jueza) Caso Mercedes (la hija del intendente y la primer concejal como Jueza Correccional), zàrate Campana etc. En sintensis son familiares que no hacen sino responder al pedido de mano dura de los intendentes aliados al Gobernador

  4. Patricia

    No se olviden que mañana se cumple un año de la poblada en Baradero. Marcharemos pidiendo justicia a las 18 hs. Por Giuliana, por Miguel y por Lucas asesinado por el policía Gonzalo Kapp

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