Magdalena: Pabellón de miedo


TESTIMONIOS DE LOS PRESOS QUE SOBREVIVIERON AL INCENDIO EN MAGDALENA

Vieron cómo morían sus compañeros y los ayudaron como pudieron. Ahora creen que enfrentan un peligro mayor: haber sido testigos del infierno. Piensan que si hablan, pueden pasarla muy mal. Página/12 estuvo con ellos. Aquí, sus relatos del horror. Y las denuncias contra los guardiacárceles.

Por Horacio Cecchi
El aire denso cuelga del ambiente como los colgajos de ropa que quedaron atascados en el alambre de púas y que nadie se atrevió a sacar todavía. Igual que las imágenes de esa noche abrasadora que se pegotean inmundas, horrorosas, en el recuerdo de todos los pibes del Módulo 15. Pasaron varios días desde entonces, pero es como si el tiempo también hubiera quedado colgado en esas marcas negras que dejó el humo a su paso a través de las hendijas de la pared. Ellos sacaron a los vivos de ese infierno. Ellos sacaron a los muertos. Solos, o con ayuda de otros presos. Ellos lo saben y saben más. Es raro, el miedo actúa por partida doble. Por un lado, el silencio, yo no vi, yo no estaba, es intuitivo y salvador si se soporta; por el otro, sienten, perciben que estuvieron empastados con la muerte, que sólo el azar dijo que no fueran ellos. El silencio tiene su precio y no es que garantice sus efectos: en el 15 lo único que se mueve y bailotea todo el tiempo es la clara noción de que, si hablan, quedan en la mira; pero si callan, los matan a todos y cualquier día. Así murieron los 33 que sobrevuelan Magdalena y hacen del aire un ladrillo denso.
Al gobernador Felipe Solá le llevó dos días remover del cargo al director del penal, el fanático evangelista Daniel Tejeda. Al ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, le llevó casi una semana desplazar al segundo del penal, Néstor Lemos, y al jefe de requisa, Eduardo Fernández Bustos. Al Servicio Penitenciario Bonaerense le llevó apenas medio día –desde que abandonaron a su suerte a los presos del 16 hasta que recuperaron el penal– sacar del penal a 120 internos testigos de los hechos y trasladarlos a otras cárceles, disolver de ese modo la prueba ante los ojos de una Justicia no demasiado apurada y, de paso, enviar al eslabón más débil, los presos, una clara señal: de a uno todo es más fácil.
Que los hayan desplazado no quiere decir que los hayan expulsado del SPB. Eso lo sabe el Gobierno. Y lo saben los presos, que ponen el cuerpo. “A Lemos le pedíamos que nos diera herramientas del taller para abrir la puerta de los pibes (del 16), que estaba cerrada con candado –dice el morocho en su declaración–. Y no nos daba nada. Lemos me marcó con los ojos y me señaló con la mano. ‘Mañana, cuando pase todo’, me dijo, y nada más. Yo sé lo que me dijo.” El morocho del 15 fue claro. Lemos también.
“Ahora son todos maravillosos –les decía otro interno a los abogados que tomaban la denuncia–. Antes de que pasara todo esto, cambiarte de penal es imposible. Te verduguean, te dicen que no hay cupo, que el juez no quiere. Todo para que no estés cerca de tu familia. Pero pasó lo de los chicos (el incendio del 16) y a la noche siguiente ya te estaban ofreciendo quién se quería ir, que te trasladaban a la unidad que quisieras, cerca de tus familiares. Nunca visto. Los que quieren es que estemos separados, pero yo no me quiero mover de aquí. No queremos.”
Por eso, interpretan que “aunque el gobernador diga que no quiere ocultar nada, sabemos que es mentira porque lo que dicen de lo que pasó es todo mentira y, nosotros, que vimos todo y fuimos los únicos que estuvimos adentro, no nos dejan hablar, nos aprietan para que no hablemos”.
Entre los presos del Servicio Penitenciario Bonaerense, el nombre de Daniel Chocobar no es un mito sino parte de su historia cotidiana. Chocobar era un preso de la cárcel de Alvear que denunció torturas en 2002. Lo trasladaron junto con la paliza que cargó su cuerpo. Lo recibieron en la U9 con otra paliza en el buzón (celda de castigo). Haciendo causa común, alrededor de 30 presos se presentaron como testigos. Chocobar murió apuñalado en junio de 2002. Y sus testigos, uno a uno y en penales diferentes, contrajeron el contagioso virus del suicidio a lo bonzo. La Justicia no sólo no investigó el caso Chocobar, sino que además dejó por suicidados a los 30 bonzos.
La cifra de Magdalena no es lejana, por eso, en el Módulo 15, pero también en el resto del penal, lo que se respira es miedo. La agenda penitenciaria está pautada: primero, dispersar la prueba; segundo, tener un chivo expiatorio, con la debida protección; tercero, y cuando el humo de Magdalena se disperse, dar el tratamiento de rigor a los rebeldes parlantes.
Por eso, cuando los integrantes de la defensoría y de la comisión llegaron al penal se sorprendieron de que por lo menos la mitad de los internos del 15, o sea, los que intervinieron directamente en el rescate de sus compañeros, no hayan declarado ante un instructor judicial. “¿Quién tiene las balas de goma?”, preguntó uno de los presos a los gritos en el módulo. “¡Yo!”, le respondió otro desde la otra punta y les entregó el cartucho con los perdigones a los abogados. “Este es un bolón”, dijo otro y entregó una bala de goma grande con cartucho incluido. “Los matafuegos no funcionaban –agregó un tercero–. Estaban llenos, pero son del 2003. Después del incendio trajeron nuevos.” Pruebas que la Justicia no levantó y que el secretario de ejecución penal Juan Manuel Casolati, el primero en llegar a Magdalena el domingo mismo, comprobó personalmente: detectó matafuegos que no funcionaban y que estaban llenos. A uno de ellos le tomó el número. La fiscalía no los levantó como prueba aunque dos días después desde la fiscalía anunciaban que los matafuegos recogidos estaban vacíos, o sea, los habían usado. El día en que la comisión y la defensoría llegaron al penal, recién aparecían los peritos de Gendarmería. Toda la prueba, incluida la prueba viva, o sea los testigos presos, quedaron custodiados desde el incendio por los propios denunciados. Zorros custodiando el gallinero.
Por eso nadie se quiere ir, quieren estar todos juntos y no quieren traslados. El miedo establece dudas razonables para declarar. La situación no es sencilla para ellos. “Ustedes se van y nosotros nos quedamos”, les decían a los abogados. El primer paso de la agenda del SPB ya se cumplió. “Están todas las garantías para que declaren y no sean presionados”, dijo a la Comisión el interventor del penal, Tundidor. Las garantías, lógico, están dadas por el Servicio. Por el momento, no hay juez ni fiscal que haya exigido que los testigos no sean trasladados, que se los mantenga en un mismo lugar, juntos. La Justicia no responsabilizó a nadie, por el momento, por la supervivencia de los testigos. Y, especialmente, lejos de los zorros y de la madriguera.
Eso lo saben los presos y es el aire denso que cuelga de las paredes junto con las imágenes de los muertos.
En: Página/12
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